El gobierno paralelo

Medio siglo antes de Cristo, la lucha de clases en el Imperio romano llegó a tal magnitud que se tornó ineludible encontrar una nueva forma de ejercicio del poder público. Nace, entonces, la República, que modera el predominio de la élite imperial y concede ciertos derechos a los plebeyos.

La República dio lugar a la expansión del poder de Roma a toda la Italia peninsular, pues la promulgación de la Ley de las XII Tablas en el 450 AC y las guerras civiles por la igualdad, fortalecieron la unidad de los romanos.

De allá para acá, la historia registra la lucha de clases como una constante que se presenta con diversas caras; pero que, necesariamente, oscila entre el dominio de la plutocracia y la recuperación de derechos por parte de las masas populares, especialmente el derecho a una vida decente. Sin tomar en cuenta el naciente predominio del poder avasallante de las redes sociales, habría que decir el subibaja de estos tiempos conlleva la supremacía del capitalismo salvaje (modelo neoliberal) o el régimen de justicia social.

Para moderar esos bruscos vaivenes y evitar que se tornen violentos, se han ideado diversas formas de organización social, casi todas afines al concepto de República legada por los romanos. Se establece el poder público: un gobierno que la República divide en tres poderes que tienden a equilibrar el ejercicio de la rectoría y la potestad coactiva para bien de la sociedad en su conjunto. Este gobierno fundamenta su actuación en el mandato de la ley que los pueblos se han dado a sí mismos, llamada Constitución.

Al asaltar el poder el salinismo, siguiendo la moda global de imponer el modelo neoliberal venido de Chile y adoptados por Estados Unidos e Inglaterra, encontró algunos obstáculos que no podía saltar sin violar la Carta Magna. Con ayuda de Jorge Carpizo McGregor, inventó los Organismos Autónomos del Estado y con la de Francisco Gil Díaz, los fideicomisos. Así, pudieron favoreces los intereses de la plutocracia huehuenche sin violar la ley, e integrar el extenso entramado de la clase dorada mexicana. 

El INE, al igual que su antecesor el IFE, fue creado para esconder los fraudes y la corrupción que caracterizaron a los regímenes neoliberales de un partido o de otro. Distribuyendo con discreción enormes sumas de dinero, acallaban cualquier voz de inconformidad, luego de sus trapacerías. Fue tan percudida su actuación que el propio presidente del organismo, en un lapsus de franqueza, reconoció que era una de las instituciones menos confiables del país. Gordillo era una de sus agentes de ventas. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Nacional de Transparencia, y algún otro que ande perdido en algún apartado del presupuesto, tienen el mismo origen y propósitos similares: cuidar los intereses de la plutocracia dominante en todos los campos de la actividad productiva y garantizar la opacidad y la supervivencia de los monopolios que ahogan sin misericordia a los mexicanos que compran en el país tres veces más caro que en en las tiendas de allá.

Ahora que los aborígenes, conscientes y convencidos, se han dado un gobierno diferente, es tiempo de terminar con ese gobierno paralelo y acabar con los fideicomisos que hacen de agua los fondos públicos y los organismos autónomos que dañan al país y a los paisanos. El Estado está obligado a recuperar la rectoría de los asuntos públicos y de hacer valer la ley, defendiendo el patrimonio nacional. Hay un pataleo escandaloso que pone más en evidencia la naturaleza de los fideicomisos y de los entes autónomos. 

Ya saltó a la palestra la Confederación Patronal de la República Mexicana para manifestar su desacuerdo ante la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer a los órganos constitucionales autónomos del Estado, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues contraviene lo pactado en el T-MEC y sería un retroceso para la democracia. Ni la burla perdonan.

Además, andan fuera del hoyito, pues el presidente del organismo, José Medina Mora, expresó que: "En el acuerdo comercial se establece que las partes firmantes se asegurarán de mantener sus respectivos órganos centrales de coordinación regulatoria". Ni siquiera entiende este Medina Mora que el Estado mexicano tiene en las Secretarías de competencia específica sus instancias regulatorias para vigilar la correcta aplicación de la ley. Invoca la defensa de los derechos de la sociedad civil y del mercado. ¡Oh! 

Recurre a esa otra aberración conceptual de 'la sociedad civil', para oponerla al poder público, en otra de las jugadas perversas del neoliberalismo. La sociedad civil, como tal, queda establecida en los cánones de la economía como: "La figura privada en la que dos o más personas que se obligan a poner en común recursos con el ánimo de repartirse entre sí los posibles gananciales", lo que no tiene nada que ver con la gente de carne y hueso que ha debido aprender a sobrevivir con emolumentos miserables.

Insiste el líder patronal en que: "Los OCAs han fungido como contrapeso al gobierno, han dado resultados y son pilares de la democracia; que eliminarlos sería un grave retroceso para el desarrollo democrático de la nación. Lejos de ser extinguidos o asfixiados presupuestalmente deben garantizar su permanencia, ya que contribuyen a ejercer derechos ciudadanos como el de acceso a la información, el de rendición de cuentas, la protección de datos personales y el voto libre". ¡Órale!

Los organismo autónomos del Estado son producto del régimen neoliberal, por tanto debieron actuar de manera eficaz y eficiente para cumplir con los propósitos que justificaron su creación. Así, cada quien podría responder a las preguntas simples y directas: ¿Hay elecciones limpias y confiables? ¿Han desapercibido los monopolios en México? ¿Ya no hay información pública reservada? ¿Terminó el dominio de los grupos que controlan totalmente el espectro radioeléctrico para sus intereses propios?

Pues, eso es lo que defienden Medina Mora y los medinitas que lo acompañan. Privilegiar el interés de la plutocracia en detrimento de los derechos del ciudadano de a pie, al que la Constitución concede los mismos derechos que al resto de los que en este país viven y trabajan.