Ora sí, llegó la hora

Ayer fue emitido un comunicado de la Comisión para la Cooperación Ambiental, organismo creado a raíz de los tratados de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en el que informa haber dado inicio a los trámites para investigar el uso del fracking para la extracción de gas y petróleo en el estado de Nuevo León. La extracción de gas mediante la técnica de fracturación de rocas con alto contenido de bitúmenes ubicadas a gran profundidad, se inició hace mucho; pero no se conoce a fondo.

Es por ello que el organismo, según dio a conocer la Alianza Mexicana Contra el Fracking en su portal, expresó textualmente: "Tras análisis de petición realizada por afectados mexicanos, y recibir respuesta con información por parte de autoridades ambientales de México, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental recomienda iniciar expediente de hechos para el caso mexicano. El Consejo de dicha institución definirá en los siguientes días si acatará dicha recomendación para dar cuenta de omisiones en el cumplimiento de leyes ambientales en el desarrollo de pozos de fracking en Nuevo León.

Así mismo, señala que: "Desde la Alianza Mexicana contra el Fracking destacamos que los daños que esta técnica de extracción implica se traducen en violaciones de derechos humanos que afectan desproporcionadamente a las comunidades indígenas y campesinas pobres del país. Destacamos que no hay fracking seguro, bueno o sustentable. Esto simplemente no existe, la evidencia científica existente es clara: los daños del fracking no se pueden evitar, es decir, la regulación nunca será suficiente para proteger el ambiente, a las personas y al clima". Con ello coinciden varios países que lo han prohibido.

Fue en el mes de octubre de 2018 que el Secretariado de la CCA recibió la petición SEM-18-003 (Fracturación Hidráulica en Nuevo León) para iniciar una investigación sobre el actuar del gobierno mexicano en cuanto a la aplicación de las leyes correspondientes en materia ambiental en relación a la restauración de sitio y abandono posteriores a las actividades de fracturación hidráulica llevadas a cabo en el municipio de Los Ramones, Nuevo León. La poca información retrasó el avance de la investigación.

Sin embargo, el texto dice: "Los peticionarios alegan que Pemex, ha estado explorando hidrocarburos en el área de Los Ramones y en otros lugares en el estado de Nuevo León donde se realizaron los pozos Tangram-1 y Nerita-1 para usar la fracturación hidráulica y buscar hidrocarburos. Señalan que tras diversas búsquedas de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de estos pozos, no encontraron ninguna información pública al respecto. Señalan también que, tras la perforación de estos pozos cercanos a la comunidad de Hacienda el Carrizo, se han evidenciado diferentes afectaciones como sismicidad inducida por la fractura hidráulica, además de haberse generado impactos al agua, el medio ambiente y la agricultura en la comunidad. Aseveran que en el pozo Tangram-1, concluido en diciembre de 2013, se inyectaron 25,808 m3 de agua y se alcanzó una profundidad de 4,426 metros. Por cuanto al pozo Nerita-1, concluido en agosto de 2014, se inyectaron 13,039 m3 de agua hasta una profundidad de 4,100 metros". 

En aquel entonces se advirtió que Pemex y otras instituciones públicas empezaron a utilizar términos como 'estimulación hidráulica' para evitar hablar de fracking o que otros actores hablan de fracking sin agua que no evita los documentados daños que se han evidenciado por numerosos estudios académicos, con el objetivo de generar confusión sobre la realidad de lo que está pasando en el país. Ahora que las cosas han cambiado y que el ser humano y su medio ambiente importan, es muy oportuna la investigación de la CCA.

Dado que el Secretariado encontró que existen cuestiones centrales abiertas en relación con presuntas deficiencias en la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) de los pozos Tangram-I y Nerita-I, así como en materia de responsabilidad por daños al ambiente, establecimiento de medidas de seguridad y aprovechamiento sustentable del agua, por lo que recomienda al Consejo del CCA aprobar el inicio de un expediente de hechos respecto de la aplicación efectiva de los artículos 28: fracciones I y XIII, 88: fracción III y 170 de la LGEEPA.

El siguiente paso es que el Consejo del CCA, integrado por un representante de cada país que integran el T-MEC, apruebe en votación mayoritaria, de 2 a 1 lo recomendado por el Secretariado, para iniciar el expediente de hechos y poder determinar las faltas atribuibles al Estado Mexicano, así como las enmiendas necesarias para la protección de la naturaleza, y el cumplimiento del marco de derecho.

Tarde; pero, llegó la hora.