Prueba de fuego

Este día puede ocurrir lo que será, indudablemente, la prueba de fuego para el Trife, luego de que se diera a conocer que hoy puede abordarse el Caso Puebla, en el que se presentará el proyecto de sentencia del magistrado José Luis Vargas Valdez quien pide la anulación de la elección a la gubernatura poblana por evidentes violaciones al proceso, esencialmente, la que corresponde a la cadena de custodio de la paquetería.

De hecho, existe una abundante información acerca de las denuncias presentadas el primero de julio en la entidad camotera; pero, quizá la de mayor peso sea la que señala el magistrado ponente: “Las irregularidades suscitadas en la etapa de resguardo de los paquetes impiden conocer de manera real, si el contenido de los paquetes es el fiel reflejo de la voluntad ciudadana”, algo que se ha repetido constantemente en el país.

 Resulta que los paquetes electorales de todo el estado de Puebla se almacenaron en una enorme bodega durante más de 15 días, sin que hubiera vigilancia por parte de las autoridades electorales u organismos de apoyo, además de que: “no se notificó a los representantes de los partidos políticos el desarrollo de las más 50 diligencias de apertura de bodega; ni se atendían las disposiciones en materia de seguridad, pues ésta contaba con más de un acceso principal”. Típico cuando se sigue la voz del amo.

Así mismo, argumenta el ponente, que: “No existe registro de las cámaras de video de seguridad que permita corroborar el debido resguardo de los paquetes; además de que la bitácora y las actas circunstanciadas levantadas por la Oficialía Electoral para dar fe de las diligencias de apertura y cierre contienen inconsistencias”. Con base a esos elementos que, por sí solos serían suficientes, solicita la anulación del proceso.

Pero, Vargas Valdez no es el único que reconoce causales suficientes para que se vote por la anulación. La consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, una funcionaria de irreprochable perfil, señala que: “El dictamen que esta semana ventiló el magistrado José Luis Vargas Valdez, sobre la impugnación de la elección, el cual plantea anular los comicios, no tomó en cuenta los actos violentos suscitados en el estado durante la jornada comicial del uno de julio, aspecto sí debe tomarse en cuenta. 

Dice San Martín: “El proyecto que se planteó minimiza la situación que se vivió en ese estado. Durante los comicios en la entidad poblana se registraron balaceras en las casillas y  el asesinato de seis personas”.  Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Fernando Chevalier Ruanova, dijo que son opiniones de un integrante del Tepjf y del INE, por lo que es necesario esperar que se vote.

Ayer, al concluir la audiencia con cinco de los siete integrantes de la Sala Superior del TEPJF, Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, líder de la bancada panista en el Congreso, aseguró que respetará el fallo del tribunal si este no le favorece. Posteriormente, dijo: “No tenemos una fecha aún para saber cuándo van a resolver. Hicimos un llamado, por supuesto, a que pueda ser lo antes posible debido al clima que se está viviendo, el clima social que se está viviendo en el estado de Puebla, donde hay mucha polarización, donde, pues cada día que pasa se incrementa el tema de ingobernabilidad”.

Eso dio pie para que se especulara que la reunión del Trife podría ser hoy mismo; sin embargo, como es común y corriente en estos organismos, su portal cibernético no aporta ninguna información al respecto. La opción sería que la resolución se corra para el viernes 14, cuando ya Erika Alonso haya rendido su protesta como gobernadora de Puebla, siguiendo los pasos de su marido. 

El caso se ha ensuciado tanto y de manera tan absurda, que la actual legislatura votó el 31 de julio una reforma constitucional que permitirá a Martha Erika Alonso, de confirmarse su triunfo electoral en los tribunales, que rinda su protesta de ley ante el Poder Judicial estatal y no ante el próximo Congreso, dominado por Morena.

La reforma constitucional fue aprobada por las fracciones de PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, PVEM, Compromiso por Puebla y Movimiento Ciudadano (MC), señala que: “El gobernador, al tomar posesión de su cargo, protestará ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél. En caso de que, por cualquier circunstancia, el gobernador no pudiere rendir la protesta ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, lo hará de inmediato ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.

Dura prueba de fuego.