No más intocables

El cúmulo de reformas a la praxis política de México tiende a volver el poder al pueblo, que es el supuesto a partir del cual se constituye el Estado para bien de la nación. Dicen los Artículos 39 y 40 de la Constitución, que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” y, además: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Estos luminosos principios venidos desde los albores de México como nación libre, independiente y soberana, tienen profundas raíces democráticas recogidas por los legisladores autóctonos de muy diversas fuentes, incluyendo la Revolución Francesa y la Constitución de los Estados Unidos; pero, encuentran sentido cabal con las grandes gestas que acendran el nacionalismo como punto de partida para una proyección universal. Se convierten en esencia de la vida institucional del país.

Desafortunadamente, durante la noche oscura de la rapiña, la mentira y el despojo, se pervirtieron los principios democráticos y lo que era la soberanía popular se convirtió en soberanía nacional, que tiene sus bemoles por cuanto lo nacional no necesariamente es popular. De hecho, se ha vuelto común asumir con cierto desdén lo popular, llamando populista a quien mira por el bien de la gente de carne y hueso, de leche y pan. La democracia deja de ser poder del pueblo y se  torna en poder faccioso, de tal suerte que las decisiones de gobierno benefician a la elite plutocrática.

Así fue hasta el año pasado, cuando las decisiones de gobierno estaban encaminadas a favorecer a un grupo exclusivo que dejaba caer migajas para mantener contestanas a huestes parasitarias que le servían de soporte 'popular'. Los gobernantes eran intocables y con ellos todos los que tenían capacidad de decisión, con los que emergieron, prácticamente de la nada, colosales fortunas que han llevado a sus dueños a codearse con magnates del planeta herederos de emporios lucrativos ancestrales.

Ayer, la Cámara de Diputados logró, por iniciativa de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que se aprobaran los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar el fuero constitucional que protege al presidente de la República de ser imputado y juzgado por diversos delitos. Con 420 votos a favor, 25 en contra y 5 abstenciones, se avalaron cambios que permiten ampliar las causales y agilizar el procedimiento del retiro de la inmunidad al presidente. Y con el presidente, los servidores públicos de alto nivel.

De acuerdo con la minuta resumida de la Cámara, las modificaciones a la ley permiten: “Establecer que el Presidente de la República, podrá ser acusado además de traición a la patria, por actos de corrupción, delitos electorales, casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud y se podrá proceder penalmente en contra del Presidente de la República solo mediante la acusación ante la Cámara de Senadores”. ¡No más fechorías impunes!

Este es un paso de la mayor trascendencia, por cuanto la presidencia de la República ha sido ejercida por toda clase de personajes, desde pillos redomados, hasta charlatanes de feria y uno que otro desquiciado. A partir de que el Senado, al cual fue devuelta la minuta con los cambios necesarios, apruebe la iniciativa, quien ocupe los altos puestos de conducción de la República tendrá que pensarlo dos veces antes de tomar decisiones como las que se padecieron hasta recién.

Quizá, quien con mayor precisión resumió el beneficio de esta modificación a los artículos constitucionales 108 y 111, haya sido el diputado Pablo Gómez quien sostuvo que se quiere enviar el mensaje de superar la historia negra de la política mexicana, cuando el Presidente era intocable.

“Una república democrática no permite que el Presidente sea un intocable que comete delitos con total impunidad”, explicó.

Indudablemente, sigue avanzado con paso firme la Cuarta Transformación de la República para bien de México y de los mexicanos.