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Lo que parece pato…
Esto es, que puedan cumplir los compromisos pactados con anterioridad por la asistencia que prestaron las entidades proveedoras de información y logística
Establecido que la presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñes, llegó al cargo por disposición constitucional en base al vacío de poder que dejaron las renuncias de quienes debían cubrirlo luego del retiro del presidente Evo Morales, quien recién hizo un mea culpa sobre el desarrollo de los acontecimientos, no queda duda de su intención de sostenerse en El Quemado por la fuerza de las bayonetas, para lo cual ha emitido dos decretos ejecutivos muy preocupantes.
El que se viralizó inmediatamente, emitido el 16 de noviembre de 2019, que tendió una cortina de humo para ocultar el previo, señala, en su artículo 3º que: “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”. No hay lugar a dudas de que se exime de responsabilidad a las fuerzas armadas que participen en tarea de contención de las protestas.
No ha faltado quien asegure que peor aún es el: “Artículo 4: Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante Decreto Supremo 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos, conforme a los presupuestos de la Ley 400 de 18 de septiembre de 2013 de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros materiales”. Sí; pero las leyes no hablan de cargar contra manifestantes civiles pacíficos.
Al respecto se ha documentado que todos los muertitos han sido por bala y que la mayoría, balas disparadas por fusiles de asalto, en tanto que no se ha podido presentar evidencia de que los manifestantes hayan acudido a las jornadas de protesta con armas en la mano. De ahí la seria preocupación que han emitido los organismos internacionales, incluyendo a la mismísima ONU.
Pero, pasado el escándalo, viene a aparecer el decreto previo, firmado el día quince de este mismo mes, en el que se decreta la entrega de cinco millones de dólares ´cash´ para los militares a fin de que puedan adquirir equipamiento. Esto es, que puedan cumplir los compromisos pactados con anterioridad por la asistencia que prestaron las entidades proveedoras de información y logística para llevar a cabo la operación que permitirá modificar la Constitución y dar marcha atrás al proyecto de una justo distribución de los ingresos por la explotación de recursos naturales.
Dice este famoso Decreto Supremo 4082: “Artículo 1.- (objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto, autorizar la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas. Artículo 2.- (autorización). Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas a través del Tesoro General de la Nación, realizar la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de Bs34.796.098.- (treinta y cuatro millones setecientos noventa y seis mil noventa y ocho 00/100 bolivianos), a favor del Ministerio de Defensa, destinados al equipamiento de las Fuerzas Armadas”. Claro como el agua.
¿Por qué? Porque “el inciso g) del Artículo 6 de la Ley N° 1405, de 30 de diciembre de 1992, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, señala que para el cumplimiento de su misión, las Fuerzas Armadas tienen, entre otras, la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden púbico, a requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado”. El régimen que inició con la ley en la mano, se torna de facto.
En la entrevista que concedió el expresidente Evo Morales a La Jornada, asegura que: “En verdad espero que no sean todas las fuerzas armadas las que hayan participado, sino los comandantes. Usan a las fuerzas armadas para meter balas al pueblo. Cuando llegué al gobierno las fuerzas armadas apenas tenían un helicóptero. En nuestra gestión tienen 25 helicópteros. Hemos equipado a las fuerzas armadas, pero no para que estén en contra del pueblo”.
