El poder en la mano

En el momento preciso en que las redes sociales se han vuelto el súper poder que domina la economía y va por por el ejercicio político, una de las plataformas más usadas por los cibernautas en todo el planeta ha decidido condicionar sus servicios a la aceptación de que los datos personales sean compartidos por otros medios de Internet, lo que equivale, simple y llanamente a uncir la voluntad personal al interés de quienes se han vuelto inconmensurable mente ricos con el tráfico de información de los consumidores.

La primera manifestación del gran poder que han adquirido las redes sociales se dio durante el proceso eleccionario en los Estados Unidos donde influyeron para crear una realidad virtual y luego bloquearon las cuentas de quien los denunció. Tan grave es el caso que la canciller Ángela Merkel ha mostrado su desacuerdo y dijo: “Consideró que el bloqueo de Twitter y Facebook a Donald Trump es una situación problemática. La libertad de expresar opiniones es un derecho fundamental de importancia esencial”.

No sólo ella, también las principales fuerzas políticas de Francia han expresado preocupación. Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, consideró que el comportamiento de Trump no puede servir de pretexto para que las GAFA se arroguen el poder de controlar el debate público. Marine Le Pen de la Agrupación Nacional, de extrema derecha, consideró que el veto de Twitter es un “acto de fuerza de los grandes grupos privados que consideran tener más poder, y probablemente sea cierto, que un Estado”.

Por su parte, Cédric O, secretario de Estado francés para asuntos digitales, señaló que la suspensión permanente de la cuenta de Twitter del presidente estadounidense Donald Trump se puede justificar; pero viene a plantear cuestiones fundamentales sobre la regulación del debate público. “La regulación del debate público por parte de las principales redes sociales respecto a sus Condiciones Generales de Utilización, habiéndose convertido en verdaderos espacios públicos de reunión de miles de millones de ciudadanos, parece, cuanto menos, un tanto limitado desde un punto de vista democrático”. Así es.

Quizá por ello, ahora que WhatsApp ha decidido condicionar su servicios, que hasta ahora venían siendo gratuitos, a ciertos requisitos que tienen que ver con la adhesión a plataformas de explotación comercial y publicitaria para múltiples usos, se han prendido los focos de alarma y no pocos de los usuarios están ya buscando alternativas que no pongan en riesgo su identidad personal y toda la información que han acumulado durante el tiempo que tienen de navegar por Internet. Inclusive, algunos gobiernos han lanzado alertas. 

Tal es el caso de las recomendaciones que está haciendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ha señalado que: “Los nuevos términos de la política de privacidad establecidos WhatsApp le permitirán dar información de sus usuarios a la empresa Facebook y otros proveedores sin definir claramente las medidas de seguridad para proteger la información compartida, lo cual representa un elemento a evaluar por los usuarios al decidir si aceptan y continúan con el uso de la aplicación”. No hay que olvidar que Facebook ha sido multada por tráfico.

INAI observó que, con excepción de las conversaciones realizadas a través de la aplicación, Facebook podrá compartir la información recibida de WhatsApp con otras empresas y poder crear anuncios personalizados en sus plataformas. “En el denominado ‘Información que recopilamos’, se establece que WhatsApp podrá recabar información adicional para proporcionar funcionalidades opcionales, sin precisar cuáles son esas funciones y qué tipo de datos serán requeridos, mencionando que cuando sea el caso, informarán al usuario respecto de qué datos y para qué finalidades se utilizará esa información”.

Una estudiosa de este fenómeno, Cecilia González, se preguntó: “¿Por qué empresas privadas, que han sido sujetas a investigaciones judiciales, que operan con base en sus intereses políticos y comerciales, van a decidir qué se puede decir y qué no en el debate público y, sobre todo, quiénes y cómo pueden hacerlo? El poder de esta medida es inmenso, tanto como el riesgo de que Marck Zuckerberg y Jack Dorsey censuren discursos con la anuencia de las sociedades, a costa de dejar en manos de esos empresarios el derecho a la libertad de expresión y la regulación de expresiones públicas, tarea que en cualquier sistema democrático le corresponde más bien al Estado”.

Es el momento de dar la voz de alerta y evitar que el poder de este moderno Leviatán unido a las fuerzas más oscuras del planeta, pongan un grillete más a la humanidad que lucha por su libertad y su derecho a una vida digna.