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Corrupción e impunidad

La resistencia del Poder Judicial a acatar las leyes constitucionales, como la Ley de Remuneración de los Servidores Públicos que envió al Congreso de la Unión (en enero del 2007), el entonces presidente Felipe Calderón para su aprobación, ratificación y entrada en vigencia; que fue aprobada por amplia mayoría en las dos Cámaras y en los Congresos estatales, y que Calderón promulgó como decreto en agosto del 2009, echa de ver  la pobre tesitura de su desempeño.

Alegan que esa ley queda congelada para estudiar su constitucionalidad, ¡¡¡nueve años después de que fue aprobada y decretada!!! Lo que parece ser una confrontación de poderes, que más bien es el desacato de la Corte a aceptar y aplicar lo que ya fue legislado desde hace casi una década, no hace más que poner énfasis en el manejo parcial y tendencioso de los asuntos que se llevan al que debía ser el máximo tribunal del país, no para hacer la voluntad de sus ministros sino la de la ley.

La realidad, monda y lironda, es que no se trata de sueldos (que el presidente de la Corte, además de presidente de la Judicatura, el lobo cuidando a las ovejas, gana más de los 600 mil que se han venido manejando en los medios). Pero, esos pesos con una bicoca comparados con los demás privilegios de los que goza, y de las “buscas” que, aunque pueda alegar que no las pide, se le ofrecen por doquier. Una pregunta de 64 mil pesos es ¿Viven los políticos, gobernantes y los miembros de los Poderes de la Unión una vida acorde a sus sueldos? ¿Cuántos pasarían la báscula?

Corrupción e impunidad

Si los informes de Transparencia Internacional en su índice anual sobre corrupción, señalan que México se ubica en el lugar 135 de 180 países evaluados; y que, además ocupa el peor lugar entre los miembros de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico y los del Grupo G20, no se puede aceptar que ese fenómeno tenga una causa misteriosa y desconocida o que se haya presentado por generación espontánea. La corrupción sólo puede darse donde existen corruptos.

Y si, por otra parte, el Índice global de impunidad igi-mex 2018, un estudio anual de la Universidad de Puebla, señala que: “México empeora en los índices de impunidad global y estatal. El índice de impunidad en México aumentó tanto en el ámbito global como en el de los estados de la República. México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI-2017) con 69.21 puntos (Croacia es el país con el menor índice con 36.01 y Filipinas tiene el puntaje más elevado con 75.6). México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad”; no puede alegarse que la falta de castigo a las conductas antisociales sea fantasmal.

Corrupción e impunidad son dos fenómenos vinculatorios, unidos por los fuertes lazos de la complicidad y el contubernio, que sólo puede tener un origen directo e inequívoco. El Poder Público, según la Constitución, Artículo 39, “dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Si un poder, o más bien, quienes ejercen ese poder están en la circunstancia que señaló Alejandro Martí: “Si no pueden, renuncien”, no hay mucha tela de dónde cortar: No pueden o se hacen.

Aunque la Ley de Remuneraciones de Funcionarios Públicos de la Federación fue decretada por Felipe Calderón, él mismo, con la complicidad de la Secretaria de la Función Pública, se encargó de hacerla letra muerta. En ese año, los 85 mil 11 servidores públicos en puestos de mando y de enlace de las 18 secretarías de Estado, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) gastaron 30 mil 894 millones 71 mil pesos del presupuesto anual, equivalente al 45 por ciento de los recursos que se ejercieron en toda la plantilla de empleados del Poder Ejecutivo federal ese año.

Con ese costo tan alto y con una efectividad tan pobre, no es posible salir de la encrucijada y los renuentes a acatar la ley que les rebaja sus fantásticos salarios, quedan exhibidos como lo que son.