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Con la vara que mides

Abundantes son los señalamientos que se hacen al Poder Judicial de la Federación y a la estructura de la administración de la justicia y no ha faltado quien diga que son una de las causas principales de los graves problemas que padece el Anáhuac. Ahora, con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender la Ley General de Remuneraciones se mete en el brete de ser juez y parte y mostrar atroz parcialidad.

Siendo la función primordial del Poder Judicial velar por el estricto apego de los actos de gobierno a la norma constitucional, juega un papel decisivo en el equilibrio de poderes; su fortaleza no radica, en el sentido más estricto, en la representatividad social, sino del derecho; somete el poder a la fuerza del derecho, se convierte  en un contrapoder eficaz para evitar arbitrariedades, excepto cuando su postura es abusiva.

Con la vara que mides

Para ir a lo básico, siendo la crema y nata del Poder Judicial la directamente afectada por los ajustes de la LGRSP, por cuanto se hace mella a sus elevadísimos emolumentos, no pueden conocer, por simple ética, de las impugnaciones que se la hacen, pues, de darle entrada a las solicitudes de amparo, se convierten en juez y parte, incurriendo en un conflicto de intereses que, a pesar de todo lo vivido, en México aún no es delito.

Aún no es delito, no obstante las observaciones reakizadas por la Organización de las Naciones Unidas y de la recomendaciones que hace la OCDE, organismo que define al conflicto de intereses como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados del servidor público, cuando estos intereses pueden influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor”. Al caso, se defiende un privilegio.

Un privilegio que se arrogaron a sí mismos en un abuso de las atribuciones que les concede la ley y que pone de manifiesto el pobre criterio que utilizan para juzgar dos asuntos de la misma naturaleza. En el 2015, la Segunda Sala de la Corte atrajo el amparo promovido por María de la Luz Gregorio Santos, una mujer que se dedica a labores de limpieza en un restaurante, para cuestionar la Constitucionalidad del salario mínimo general diario durante 2016, fijado por la Conasami en 73.04 pesos.

La afectada alegaba que este salario viola tratados internacionales y el artículo 123 de la Constitución, cuyo texto señala que "los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos". Fue claro que hubo gran interés por conocer los criterios de la Suprema Corte en esta inconstitucionalidad que se viene perpetrando desde que Salinas empodero a Basilio.

El asunto se volvió de interés público, pues nadie quería perderse la resolución de los que más altos salarios tienen en México por un desempeño cuestionable, con respecto al extremo del salario miserable, inmoral e inconstitucional, de una mujer que debe sobarse el lomo bien y bonito durante ocho horas diaria, con escasas prestaciones. “-A ver”, gritaban las galerías; pero, no vieron nada porque la Corte salió por peteneras.

Esos mismos ministros que ahora se rasgan las vestiduras porque les van a reducir los altísimos salarios y les van a recortar sus prebendas, son los que han venido avalando la violación constitucional de fijar los salarios mínimos con criterios trágicos para que las superlativas ganancias del capitalismo salvaje sigan siendo fluidas. Como que no han escuchado o leído (que se ve que sí saben leer aunque lo hagan muy mal), la sentencia bíblica de que: “Con la vara que mides, serán medido”. Tarde; pero les llegó.

Magnificas son las palabras de Imer B. Flores en su ensayo “Crisis, fortalecimiento y valores de la democracia”, en el cual señala: “El valor de la democracia radica, precisamente, en llevar a cabo sus promesas: consagrar la unidad de la sociedad más que fomentar la división, proteger no unos cuantos intereses sino todos los intereses de la sociedad, derrotar a los grupos hegemónicos y promover el equilibrio de fuerzas, multiplicar las oportunidades para participar en lugar de restringirlas, desconcentrar el ejercicio del poder para que éste sea visible por el pueblo y proveer la igualdad de oportunidades a partir de la educación”.

Los abusos del Poder Judicial llegan a tanto que han obrado de tal manera que los dos poderes restantes de la Federación, Ejecutivo y Legislativo, se vean imposibilitados de impugnar la decisión de la Corte, porque sus integrantes se van de vacaciones el 15 de diciembre y regresarán cuando todo haya pasado.

El remedio lo dio Montesquieu, cuando dice: “Que el poder sea quien frene al poder mismo”. Esto indica que, la única manera de evitar los excesos de Poder Judicial tendrá su origen, justamente, en las propias esferas y cúpulas gubernamentales”.