A ver, haber

Allá por los 80’s, los miembros de la Legión de Honor Nacional le habían concedido a Alfonso Durazo Moreno la Medalla al Mérito —con sus correspondientes toga y birrete, que simbolizan su ingreso ya como miembro de esa organización cívica—, en reconocimiento, se dijo entonces, a sus servicios prestados a la sociedad a lo largo de 33 años dentro de la policía y, para demérito de la Suprema Corte de Justica, le otorgó el grado de doctor honoris causa. Desde ahí viene la pudrición.

A una tía, muy querida y parlantina, don Miguel de la Madrid la hizo ministra de la Suprema Corte, porque así se acostumbraba en aquel entonces. Aunque la ley decía que debían ser once ministros, llegaron a acumular 26, porque a todo político desechable se enviaba ahí para garantizar que no hubiera forma de romper la cadena de complicidades. Era tan  manifiesta la corrupción y complicidad de la Corte, que el presidente Ernesto Zedillo, al llegar al mando con la más alta votación lograda hasta entonces, da lo que fue llamado golpe de estado contra ellos.

Se creó la Judicatura de la Federación que señala: “a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de normas generales, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Judicatura tiene competencia y fallará”.

Si; pero, además expresa que: “Capitulo  II, Artículo 146. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los jurados están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes:  I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores; II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo; IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los interesados; V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes” por lo que los wet balls que han tomado parte en la impugnación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, han caído en una violación al texto constitucional.

Pueden argumentar lo que a su causa convenga y pagar los altos honorarios de sus personeros en los medios; pero, la realidad es que el Poder Judicial ha caído en un bache como los de esta frontera y que no hay forma de salvar sus altísimos emolumentos. En aquellos tiempos, los miembros de la Corte eran políticos en desecho obligados a no hablar, luego fueron parte de la cuota de poder de los partidos políticos; pero, eso se acabó. Ahora tienen que responder a la demanda popular de cumplir y hacer cumplir la Constitución, en la que está contemplada la remuneración de los que aquí viven y trabajan.

Una buena medida para calibrar el merecimiento de sus altísimos emolumentos sería que los ministros y demás miembros del Poder Judicial hicieran una prueba de sexto grado de primaria. No de  alto nivel, ni de elevada sapiencia, nomás de primaria, para ver dónde están y los criterios que aplican en su desempeño tan desorbitadamente pagado.

Y, si eso no fuera suficiente, habría que decir que hay dos problemas básicos. El primero es que la Corte se ha vuelto una institución intensamente partidista que finge no serlo. Y que lo que don Guadalupe Victoria concibió a los magistrados como eruditos jurídicos, libres del alboroto político; que reciben un nombramiento prolongado para proteger su independencia, que actualmente resulta puro cuento. Un magistrado presidente, ha equiparado su función con la de un árbitro que simplemente anuncia las bolas y los strikes.

La comparación tiene el objetivo de sugerir que los jueces del tribunal superior de la nación no tienen opiniones propias: solo obedecen la ley. Pero, en México se hacen si no es que llegaron ya hechos.