Antes se burlaban, ora lloran

El Poder Judicial se percudió durante el régimen que proclamaba ‘la corrupción somos todos’, cuando un avezado delincuente se hizo cargo de la Jefatura de la Policía Metropolitana y fue nombrado general de división (con cinco, en vez de tres estrellas), sin haber hecho el servicio militar y doctor honoris causa sin tener estudios básicos; grado otorgado en presencia de reputados magistrados, por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. De entonces a la fecha ha tenido jornadas harto lamentables. 

Pero, como a todo santo se le llega su misa, ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entregó, en una ceremonia calificada de histórica, la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación a los integrantes del Senado de la República. Esta contempla cambios a siete artículos constitucionales, los 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107, que tienen que ver directamente con la impartición de justicia y el funcionamiento del PJF.

Durante el evento, el ministro presidente fue claro al señalar que: “Estamos convencidos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal no requieren una reforma estructural. Nuestra Constitución establece garantías que aseguran su autonomía e independencia, así como un sistema de distribución de funciones con vasos comunicantes, que ha permitido alcanzar un equilibrio institucional y una estabilidad no siempre fácil de conseguir”. De esta suerte, ni ‘pa´onde’.

Con ello concluye un largo proceso que tuvo su iniciativa en la Presidencia de la República y que viene a cumplir uno de los más caros anhelos del pueblo mexicano por acceder a la paz que, sin lugar a dudas, es el fruto de la justicia. El triángulo perverso que dio al traste con las instituciones nacionales para ponerlas al servicio del gran capital, fue la corrupción, ahijada por la complicidad y protegidas por el grueso manto de la impunidad. Con el régimen de la Cuarta Transformación se acabó ese oprobio.

Decía el destacado colega Juan Ramos que para ser honesto se necesita ser muy hombre y más para aguantar las tarascadas del hambre. Se requirieron años de lucha permanente para llegar a la fecha en que, por fin, se dé una recia sacudida al Poder Judicial para sacar de sus entrañas a las víboras prietas y las tepocatas que ahí habían hecho su nido, llevando consigo hasta al perico para crear una mañana de componendas inconfesables que harían sonrojar al mismísimo Diógenes, aquel cínico de la Hélade.

Entre lo más destacado de las propuestas, está la reforma a la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, a fin de reforzar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional con la finalidad de generar una doctrina constitucional y de derechos humanos. Así mismo, se proponen nuevas políticas de combate a la corrupción, el nepotismo y la impunidad; así como la reglamentación para fortalecer la paridad de género y para la formación de jueces, magistrados y la Defensoría Pública.

Por aquellos años aciagos, los embajadores de México en el exterior y los magistrados de la Suprema Corte, eran políticos que habían dejado de ser útiles o que, de plano, estorbaban el ejercicio omnímodo de poder. También se acostumbraba que fueran premios de consolación en la lotería de los cargos públicos o gratificaciones por servicios específicos prestados, como fue el caso de los ministros Miguel Montes, fiscal especial en el Caso Colosio, cuya tarea era embrollarlo, y Diego Valdez, peón de Salinas.

Con la reforma que ha sido consensuada en el más decantado estilo democrático y será avalada por los tres poderes de la Unión, dejará de haber esas deshoras a la ley y a la nación. Se propone eliminar la facultad del presidente de la República para integrar la terna para ser ministro y la ratificación de ésta por parte del Senado, para conferírsela al Consejo de la Judicatura Federal con el aval de tribunales, universidades, institutos de investigación, barras y agrupaciones de abogados de reconocido prestigio, previa convocatoria pública que emita el Consejo. Ya nada de que “ahí te recomiendo a mi ‘sobrinita”. 

La última reforma de gran calado al Poder Judicial la hizo el presidente Zedillo al disolver la Suprema Corte donde estaban arrecholados 11 salinistas que seguían la voz del amo; pero, con Fox, todo volvió a la normalidad.

Ahora, se ha trabajado durante mucho tiempo y se ha hecho a conciencia. La Junta de Coordinación Política del Senado convocó, el 21 de octubre de 2019 a los ministros de la SCJN, a jueces y magistrados del PJF y al Consejero Jurídico de la Presidencia de la República para iniciar el diálogo institucional encaminado a la reforma al Poder Judicial. ¡Ahí va!