Diputados azules lentos y dañinos

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Gláfiro Salinas Mendiola, y la Comisión de Justicia del Congreso de Tamaulipas, con mayoría panista, son responsables del atraso en la atención de fondo a las desapariciones. 

Desde el año pasado la LXIII Legislatura sabía que estaba obligada a elaborar y aprobar, antes del 16 de abril, la ley estatal de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y del sistema estatal de búsqueda de personas. Empero, a la mayoría le importó poco o nada. 

No sé si las diputadas y los diputados sepan que Tamaulipas es la entidad con más denuncias por desaparecidos del país. Actualmente hay 6 mil 129 personas que desaparecieron en territorio tamaulipeco; mil 273 son mujeres, 4 mil 716 son hombres y en 140 casos no hay registro del sexo. 

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas parece que tomó conciencia. La titular de la Fiscalía Especializada en Atención Personas no Localizadas o Privadas de su Libertad, Elizabeth Almanza Ávalos, ha cumplido con la apertura del panteón forense. Además, sabe de la urgencia de dar soporte legal a las acciones de búsqueda de, por lo menos, cinco mil 989 casos del fuero común.

Pese a la necesidad de la PGJ, los integrantes de la LXIII Legislatura se han tomado con demasiada calma la elaboración del dictamen de la iniciativa de ley presentada por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hace dos meses. 

Aunque usted no lo crea, el 21 de febrero de 2018, el diputado egidista Rafael González Benavides presentó la iniciativa para homologar la legislación estatal con la nacional. Además, añadió la adhesión del capítulo sobre la declaración especial de ausencia. El proyecto fue enviado a la Comisión de Justicia, donde ha pasado dos meses sin resolverse.

El PRI propone derogar los artículos 391, 391 Bis, 392, 392 Bis, 392 Ter y 393, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. A la par, agregar el capítulo VIII formado por los artículos 632 Bis 1 al 632 Bis 9 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. El documento fue entregado a las diputadas Teresa Aguilar Gutiérrez, Brenda Georgina Cárdenas Thomae, María de Jesús Gurrola Arellano e Issis Cantú Manzano y los diputados Alejandro Etienne Llano, Víctor Adrián Meraz y Rafael González Benavides. Ellas y ellos, integrantes de la Comisión de Justicia, no han movido una hoja para sacar adelante el proyecto de ley.  

Los colectivos ya se pronunciaron públicamente por el mal trabajo de los legisladores. Que no haya ley afecta especialmente a la conformación de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La ley federal, publicada el 17 de noviembre de 2017, dio 90 días para que las entidad homologaran sus constituciones, cosa que en Tamaulipas ha pasado de noche. El lunes venció el plazo. 

Uno de los personajes que tiene injerencia en el tema es la subsecretaría de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Gloria Garza Jiménez. Por su escritorio ya pasó la propuesta priista y no la vieron con buenos ojos. Por ello, dicen, la funcionaria puso a los que saben a elaborar una ley con el sello blanquiazul. Hasta que el Ejecutivo la apruebe será llevada al Congreso para su aprobación, mientras las familias tendrán que esperar. La vida y la justicia una vez más supeditadas a la política. 

IGLESIA CONTRA FRACKING

El pronunciamiento de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Monterrey contra el fracking dejó pasmados a los clérigos tamaulipecos. Nadie de este lado se unió a la manifestación de los regios. Los obispos de Matamoros y Victoria, Eugenio Lira Rugarcía y Antonio González Sánchez, respectivamente, no hablan a pesar de que el primer estado donde habrá fractura hidráulica para extraer hidrocarburos es el que habitan sus feligreses.

En cambio, los presbíteros nuevoleoneses expresaron su preocupación debido a que en marzo la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) abrió licitaciones para este tipo de explotación muy cerca de Nuevo León. Cinco campos se ubican en Burgos, 2 en Méndez, 1 en San Fernando y 1 en Cruillas. En San Carlos y San Nicolás también habría beneficio por la explotación, según el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell.  “Nosotros tenemos como referencia la encíclica del Papa Francisco Laudato si’, que toca todos los temas ambientales que están siendo vulnerados actualmente. Y los sacerdotes de aquí de Monterrey, queremos ser parte de este llamado que hacemos para vivir dignamente y para eso tenemos que atender los problemas ambientales que tenemos”, señaló el padre José Manuel Guerrero, titular de la Comisión de Medio Ambiente de la Arquidiócesis de Monterrey.

El exhorto fue firmado por los sacerdotes como Luis Eduardo Villarreal, Cosme Carlos Ríos, Elías López, Guillermo Flores, Rodolfo García, Alejandro Beltrán y Francisco Martínez. Como suele pasar en temas ambientales, por ejemplo el proyecto Monterrey VI, del lado nuevoleonés actúan con más rapidez que en el tamaulipeco. 

A los clérigos tamaulipecos les quedan unos cuantos meses para manifestarse. En septiembre resolverán las licitaciones y, entonces, ni una oración, ni una bendición, menos las reglas ambientales, evitarán el daño ambiental, aseguraron activistas. ¿Qué dicen los obispos? ¿Nada?

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