Derechos humanos, el tema

En la reestructuración del gobierno estatal los derechos humanos fueron borrados de los temas prioritarios. Después de que la administración del ahora intocable Egidio Torre Cantú fuera obligada a elaborar e implementar una estrategia, ahora el asunto es reactivo, eso percibo en el actuar y el papel.

Torre Cantú aprovechó la exigencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para engrosar la estructura gubernamental. Las masacres de migrantes en San Fernando, las miles de quejas contra autoridades y cientos de causas penales por colusión de funcionarios con criminales orilló a reconocer y trabajar en las carencias.

Lo primero que Egidio hizo fue crear la subsecretaria de Derechos Humanos. En ese puesto colocó a Mariana Rodríguez Mier y Terán, la hija de su mejor socio, el entonces secretario de Obra Pública, Manuel Rodríguez. El logro que más presumió fue el Programa Estatal de Derechos Humanos. Por cierto, el documento fue realizado por la segunda en comandar la subsecretaría, Magali Marroquín Mendoza.

La urgencia fue convertida en retórica, plazas laborales y un poco de trabajo.

En el programa mencionado se establecieron objetivos por grupos poblacionales específicos. El gobierno egidista planteó armonizar las leyes estatales, diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y generar una convivencia social basada en el respeto. 

En el papel quedó la obligación de hacer cumplir los derechos de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, de las personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI), de los migrantes, las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asimismo el derecho a la seguridad, integridad y libertad, del acceso a la justicia y a un trabajo digno.

Ta vez el programa se encuentre al fondo de un cajón en la Secretaría General de Gobierno (SGG). Tal vez se ubique dentro de un archivero de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales. Tal vez la subsecretaria Gloria Elena Garza Jiménez lo tenga por guardado. Si todavía alguien en este gobierno tiene una copia del documento creo que es momento de sacarlo, revisarlo y retomar lo mejor antes de que volvamos a 2010, 2011 ó 2012.  

UNA URGENCIA

El 16 de abril se vence el plazo para que Tamaulipas conforme la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, según los tiempos que establece la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares 

El gobierno de Tamaulipas está obligado para crear el órgano y el Consejo Estatal Ciudadano en dicha materia. El comisionado nacional Roberto Cabrera Alfaro tiene la atribución para guiar la correcta fundación de los entes en las 32 entidades. 

A nivel nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ha generado conflicto entre colectivos y la Secretaría de Gobernación (Segob). La razón fue que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, cambió el acuerdo que daba independencia y, en cambio, la adhirió a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). 

Tras la presión de los familiares, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Rafael Avante Juárez, se reunirá con organizaciones y colectivos para volver a modificar el acuerdo que hace una semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En la entidad, las familias organizadas en el Colectivo Milynali Red CFC, A.C., exhortaron al titular de la Secretaría General de Gobierno, Cesar Augusto Verástegui Ostos, para que en los siguientes días expida la convocatoria para nombrar al titular de dicha comisión local. 

Además, las madres y los padres solicitan al Congreso de Tamaulipas que a la brevedad emita la convocatoria para la

formación del Consejo Estatal Ciudadano, que fungirá como órgano de consulta de la Comisión Local de Búsqueda, de acuerdo al artículo 62 de la Ley nacional.

Las tareas prioritarias de las comisiones son elaborar el Protocolo Homologado de Búsqueda, crear los grupos de búsqueda, emitir los lineamientos que regulen el funcionamiento del registro de casos e integrar, cada tres meses, un informe sobre los avances y resultados.

Actualmente hay 6 mil 129 personas que desaparecieron en territorio tamaulipeco; mil 273 son mujeres, 4 mil 716 son hombres y en 140 casos no hay registro del sexo. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas es responsable de esclarecer cinco mil 989 casos. 

El 34.63 por ciento de los desaparecidos en Tamaulipas es menor de edad. Los casos  2 mil 132 infantes fueron denunciados. La cifra representa el 23.16 por ciento de las 9 mil 205 denuncias registradas en el país.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Tamaulipas es la entidad con más ciudades en el top 20 de municipios con más personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes.

PARA LOS CANDIDATOS

¿Quién es la buena o el bueno que se aleja de la retórica y plantea ideas sobre los derechos humanos en Tamaulipas? ¿No les parece justo después de que la Semar asumió la muerte de una madre y dos menores de edad? Menos politiquería y más política, aunque sé que es mucho pedir.

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