Va contra educación de niños migrantes

HOUSTON, Texas

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que buscaría revocar una decisión judicial de 1982 que obligaba a las escuelas públicas a educar a todos los niños, incluidos los migrantes que viven de manera irregular en el país.

 Los comentarios de Abbott abrieron un nuevo frente en su campaña para usar sus poderes como Gobernador para endurecer a Texas contra la migración irregular.

 La última propuesta para cerrar las escuelas públicas a niños indocumentados amplía significativamente la gama de precedentes para el debate.

 Poco ha cambiado en el panorama legal que rodea la educación de niños indocumentados desde 1982, cuando la Corte emitió una decisión de 5 a 4 para derogar una ley de Texas que permitía a las escuelas negar la admisión a niños migrantes, dijeron expertos legales.

 Varios intentos a lo largo de los años para socavar la decisión en el caso conocido como Plyler vs. Doe no han tenido éxito, incluido un esfuerzo de Alabama hace más de una década y en California en la década de 1990.

 “Abbott se toma en serio plantear un desafío, esta sería la primera vez que lo hace en muchos años”, dijo Preston Huennekens, vocero de la Federación para la Reforma de Migración Estadounidense, que aboga por los límites tanto legales como legales de migración irregular.

 Lo que ha cambiado es la composición de la Corte y, dijo Abbott, la cantidad de nuevos migrantes que llegan de una amplia gama de países, una situación que, según dijo, ha impuesto una carga “extraordinaria” a las escuelas de Texas.

 Los migrantes que ahora llegan hablan muchos idiomas diferentes, “no solo español”, señaló. El Gobernador dijo que educar a los niños no autorizados pronto se volvería “insostenible e inasequible” si el Gobierno federal levanta su política pandémica de rechazar a muchos migrantes en la frontera, conocida como Título 42.

 Abbott, un republicano que se postula para un tercer mandato, dijo el miércoles durante una entrevista que “resucitaría” el caso Plyler y “desafiaría este tema nuevamente”, aunque no dio un plazo para hacerlo.

 Cuando se le preguntó sobre sus comentarios en una conferencia de prensa el jueves, el Gobernador y ex fiscal general de Texas, proporcionó detalles de su argumento.

 “El verdadero quid del desafío sería decir, escucha, estamos lidiando con miles de millones más al año solo en gastos de educación, por lo que el Gobierno federal, es solo gracias a ti, y es tu responsabilidad pagar eso”, indicó Abott.

 Agregó que le gustaría que la Suprema Corte revocara otro precedente, Arizona v. Estados Unidos, que en 2012 sostuvo que la autoridad sobre la aplicación de la ley de migración pertenece al Gobierno federal y no a los estados.

 “O la decisión de Arizona tendrá que desaparecer, otorgando a los estados plena autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración de EU o Plyler tendrá que desaparecer”, señaló Abbott, y agregó que preferiría que ambas fueran anuladas.

ES UN DESAFíO CONTRA LA LEY

No estaba claro por qué medios planeaba seguir adelante con un desafío legal, ni si el fiscal general de Texas, Ken Paxton, estaría de acuerdo. La oficina de Paxton no respondió a una solicitud de comentarios.

Pero Abbott dijo que las decisiones recientes de la Suprema Corte que hacen cumplir las disposiciones “anti-comandancia” de la Constitución de los EU, que impiden que el Gobierno federal imponga deberes coercitivos a los estados, ayudarían en su caso contra Plyler.

Según esa doctrina, dijo, Texas podría argumentar que el Gobierno federal se apropió indebidamente de los recursos educativos estatales para llevar a cabo sus políticas de migración.

 Números récord de niños migrantes, muchos de los cuales llegan con poca educación, han creado desafíos para las escuelas de todo el país, y los distritos tienen que expandir los servicios bilingües, transferir maestros y prepararse para ayudar a los estudiantes que pueden haber sido traumatizados en sus países de origen.

Abbott dijo que las decisiones recientes de la Suprema Corte hacen cumplir las disposiciones “anti-comandancia” de la Constitución de los EU.