‘Whit the money, dancing the dog’

Esta frase debida a la inspiración y el ingenio de Piporro, pone de manifiesto el hecho, innegable y científicamente comprobado, de que sin igualdad no puede existir la libertad, ese concepto tan manoseado que tiene dos connotaciones: el libre mercado y el libre albedrío. Con cierta dosis de exageración, puede decirse que en México, el capital tiene libertad de seguirse acumulando y el obrero la libertad de morir de hambre.

Para garantizar que la igualdad pueda conducir a la libertad (igualdad ante la ley, que, por fortuna, no hay dos seres humanos iguales y ojalá nunca los haya), se han creado, a lo largo de la historia, las normas de convivencia comunitaria, hasta llegar a los regímenes de pleno estado de Derecho, cobijados por un texto constitucional, ley fundamental, con rango superior al resto de las leyes, que define derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes y las instituciones de la organización política.

Un ejemplo luminoso de ello es el Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que norma las relaciones laborales con un claro sentido de justicia social, esto es, de igualdad legal entre los factores de la producción: capital y trabajo. Inicia diciendo que en primer término es importante saber que todas las personas tienen derecho a tener un trabajo digno y útil a la sociedad. Por ello, el Estado debe promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo.

Pero, se va hasta la cocina cuando estableces que: “La jornada máxima de trabajo para quien lo desempeña durante el día es de 8 horas”; y “El trabajo que se desempeña durante la noche tendrá como jornada máxima 7 horas”. Y, todavía más cuando dice con precisión: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos en preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas”. No hay lugar a la menor duda en estos mandatos constitucionales.

Sin embrago, el Estado mexicano ha renegado de esa obligación fundamental y se hace omiso ante el compromiso de velar porque la igualdad pueda traducirse en libertad; la igualdad que debe tender a un justo reparto de la riqueza que se genera con el trabajo en sus distintas modalidades. Por el contrario, la prosperidad de unos cuantos se finca en la pobreza de los más, y, como las mulas, no hay poder humano que lo saque de ahí.

Lo que, bien visto, es sólo una frase hecha, porque en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, hay una acusación en el sentido de que México ha ganado inversiones y empleos mediante el dumping laboral. Hay presión de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá para lograr cambios en el acuerdo comercial. En el texto actual, lo laboral está en un anexo y cuenta poco; pero, para el acuerdo modernizado, todo indica que tendrá un papel más relevante. Los sindicatos presionan para conseguirlo.

La voluntad que no han tenido los gobernantes mexicanos para hacer honor al voto que hicieron al tomar posesión y jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, se convertirá en un chaleco de fuerza impuesto desde fuera, porque, ya no es posible que siga creciendo la fortuna de magnates y gobernantes en tan mientras que el pueblo debe sufrir la terrible condena de no tener que llevar a la mesa donde los hijos piden pan y sólo les dan un hueso. Porque, “whit the money…”.

Ora si que, como dijo la India María: “Pos´ si no es por amor, es por la ‘juerza’, Ponchito”.