No más pueblo pobre, gobierno rico

La economista más avispada del mundo, doña Janet Yellen, quien sacó a los Estados Unidos del enorme bache que fue la crisis financiera del 2008, ganaba, como presidente del Sistema de la Reserva Federal, 4 millones 34 mil pesos al año; en cambio, Agustín Carstens, presidente del Banco de México, se embolsada anualmente 5 millones 328 mil del águila, con enorme diferencia en su desempeño profesional.

Así, caso por caso, puede comprobarse que los funcionarios, gobernantes y demás burócratas de nivel medio para arriba de México, ganan más, y en algunos casos mucho más, que sus homólogos en otros países, en el entendido de que muy pocos tienen que rendir cuentas de lo que hacen o dejan de hacer. Sus ingresos son nada más por tener el nombramiento, sin obligaciones de cumplir lo que la ley señala y estipula.

Por ello, que bueno que ayer el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a fin de regular los emolumentos y prohibir que cualquiera de ellos supere las percepciones del presidente de la República, cumpliendo una de las promesas de campaña del mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, quien reducirá su salario a la mitad.

El coordinador de los diputados de Morena Mario Delgado, señaló que con esta aprobación también se cierra la puerta al pago de pensiones a los expresidentes. Además publico en su Twitter: “Hoy llegan a su fin los excesos de la alta burocracia. La gente está cansada de tanto dispendio en el presupuesto público. Con esta Ley nadie ganará más que el presidente y ponemos fin a las pensiones de expresidentes”.

La propuesta aprobada ayer establece que los servidores públicos recibirán una remuneración proporcional a sus responsabilidades; pero, además consigna los tipos de un nuevo delito que se denominarán remuneración ilícita, aplicable cuando un servidor público apruebe o refrende una remuneración que no esté autorizada por la ley, como ha sido el caso, harto frecuente, que los funcionarios se autoasignan fortunas.

Por otra parte, según el estudio publicado por Cecilia Licona Vite, denominado Estudio en Materia de Pensiones, Percepciones o Compensaciones y demás Beneficios a Expresidente de México, las pensiones a los exmandatarios son acuerdos: “Tal práctica surge de dos Acuerdos Presidenciales, uno de 1976, y el otro de 1987. El Acuerdo de 1976 asigna a cada ex presidente, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, a 78 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México.

El Acuerdo de 1987 concede, con cargo a la Hacienda Pública Federal, diversas percepciones económicas, a los ex mandatarios, a saber: una pensión vitalicia equivalente al salario que percibe un Secretario de Estado, así como seguro de vida y de gastos médicos mayores. También pone al servicio de cada ex presidente, a 25 empleados (personal civil). Además, confiere pensión vitalicia para la viuda del ex presidente y para los hijos menores de edad”.

Uno de los aspectos más notables es que en ese estudio se echa de ver que quienes cumplieron con la tarea de presidir a la República se sitúan por encima de los demás miembros de la burocracia, alejándose de lo que dispones la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Ahora, falta que la iniciativa aprobada sea turnada al Ejecutivo para su decreto y entrada en vigor.  

De esta suerte, ingresar a alguno de los Poderes de la Federación se convertirá en una forma de servicio y no una manera de hacerse de mulas a la mala.