La Ley de Seguridad Interior

No había modo de que la Cámara de Diputados no aprobara la Ley de Seguridad Interior demandada por las propias Fuerzas Armadas, las que, según el secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos: “Nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos de la delincuencia, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”.

Tampoco hay duda de que traspasará sin problemas la Cámara de Senadores, donde Emilio Gamboa Patrón está a la orden para lo que se necesite. De hecho, esta ley, que ha desatado muchas controversias, no viene más que a puntualizar lo que ya ocurre en prácticamente todo el territorio nacional, donde el Ejército, la Marina y la Policía Federal llevan a cabo tarea de combate a la delincuencia organizada. Lo han hecho desde el 2006, cuando el becario de ingrata memoria emprendió su guerra al narco.

De notarse es el estudio que al respecto presentó el Instituto Belisario Domínguez del propio Senado, en el que señala que se corre el riesgo de que: “Por simple decisión presidencial, sería posible la suspensión de derechos humanos, tales como la libertad de tránsito, el derecho a no ser molestados en nuestra persona, familia, papeles o posesiones, los derechos a no ser detenidos y a no ser objeto de violencia por parte de las autoridades, e incluso, se permitiría el uso de la fuerza pública para controlar actos de resistencia no agresiva por parte de la población”. Preocupaciones justificadas.

Pero que en la práctica tienen un sentido muy relativo por cuanto se refieren a hechos relacionados con un estado social de normalidad democrática en que imperan la ley y el derecho, circunstancia que está muy lejos de ocurrir en el México de principios de centuria. El modelo de desarrollo económico conocido como neoliberalismo que ha provocado el ahondamiento de las desigualdades entre los ahítos y los menesterosos, ha provocado un exacerbamiento de las conductas antisociales, en México y el mundo.

No se justifica la delincuencia a partir de la miseria; pero, no hay forma de desmentir la relación que existe entre el hambre y los eventos delictivos, que a todo se aviene el hombre, menos a no comer. Ya probada la impunidad de las conductas antisociales, sean el robo de un pan para la prole o el saqueo inaudito del erario público, lo demás es ir cuesta abajo. Se permitió crecer la delincuencia, ora no hay otra forma de atajarla.

La perversión de los aparatos de procuración y administración de la justicia empezaba con los bajos salarios para los elementos de las corporaciones policiacas que no salían a la calle a proteger ciudadanos, sino a asaltar y a atracar incautos. Así se entendía y así era. Si un obrero no puede comer con 80 pesos, un policía no puede vivir con 150.

Las administraciones públicas en sus tres niveles, lejos de atender las demandas de oportunidad para una vida mejor, apostaron por proteger a las grandes fortunas con disposiciones que hicieron crecer la desigualdad. Esa desigualdad que lleva al hombre a la disyuntiva de morir de hambre o morir de un tiro. Ahora, la violencia es cotidiana.

La realidad es que la únicas fuerzas capaz de hacer frente a la delincuencia son las que dimanan de la formación militar, que desde el 2006 fueron sacadas de sus cuarteles y que ahora están a punto de tener una ley que regule su desempeño extraordinario.

Una Ley de Seguridad Interior que les otorgará facultades; pero que, también, habrá de marcar límites a las mismas, puntualizando el marco normativo de su quehacer. Ya no habrá los vacíos legales que hasta ahora han prevalecido.

Es posible que en el Senado, visto lo que señala el estudio del Instituto Belisario Domínguez, se hagan algunas observaciones y correcciones a la minuta aprobada por los disputados, sobre todo lo que corresponde a las contradicciones que existan con relación a otras disposiciones de la Carta Magna que, es, esencialmente, el documentos rector sobre cualquier otro mandamiento, lo que vendrá a resultar positivo.

No se hace otra cosa que legalizar lo que ya viene ocurriendo. Ojalá sea para bien.