Cartas marcadas

Cuando, en el mes de octubre del año pasado, el pleno del Senado, donde manda galleta Gamboa Patrón, aprobó una reforma para ampliar el periodo de funciones de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación electos la semana previa, ya se sabía cuál era el objetivo de ese regalo envuelto en seda. Tener un tribunal así, tiene su precio; se pagó adelantado.

Con 68 votos a favor y 17 en contra, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, fueron sacadas adelante y turnada a la Cámara de Diputados. Con ello, se  alarga el periodo de dos de los magistrados, José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales, electos por un periodo de tres años, hasta el 2019, y lo amplia a siete años, para que puedan desempeñar el encargo dorado hasta el 31 de octubre del año 2023.

De igual suerte, los magistrados ya electos Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, para un periodo de seis años, del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, ampliarían el encargo dos años, para terminarlo hasta el 31 de octubre de 2024. Los restantes, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Janine Madeline Otálora Malassis, ejercerán el encargo hasta el 31 de octubre de 2025.

No fue necesario que corriera mucho agua debajo del puente para que los favorecidos mostraran su gratitud y demostraron lo que son y para lo que están. Lo primero fue hacerse de la vista gorda con respecto del ‘ensayo general con vestuario’ que se hizo en el Estado de México para preparar las jornadas comiciales en marcha. Por más celo que pusieron en su encargo, no pudieron percibir las irregularidades perpetradas ahí.

Tan bien desempeñaron su cometido, que, ya encarrilados, fueron por más y se las han ingeniado para que, además del Edomex, las elecciones en Coahuila salieran a pedir de boca de quienes les pagaron la música por adelantado. Sin ningún pudor, al puro estilo de Gamboa Patrón, rechazaron una y otra vez las pruebas de las irregularidades que se cometieron en la tierra de Carranza, y, como en las peleas de box, ganó el noqueado.

Ciro Murayama no es una blanca paloma. Lejos está de serlo; pero, en el caso ha sido muy puntual al señalar el doble rasero con que actuaron los socios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Explicó que: “En relación con los comprobantes presentados por el PRI para demostrar que no pagó a más de 300 representantes de casilla, el Tribunal sancionó a Morena con el pago de 773 mil pesos por la presentación extemporánea de esos documentos; pero, no así a los otros”.

Quien se fue hasta la cocina fue la consejera Pamela San Martín quien advirtió que: “Es una mala noticia que la Sala Superior haya permitido que el PRI comprobara el no pago a representantes de casilla con documentos extemporáneos, ya que se trata, además, de dinero que no se puede fiscalizar, porque se reparte en efectivo”. Hay que agregar que los políticos son pillos pero no tontos. Tienen innata vocación de felino.

Fiel a su naturaleza y a sus aptitudes, Jorge Herrera, representante del Partido Verde, también reconoció la labor del Tribunal Electoral, porque borró gastos a Riquelme luego que el PRI no tuvo oportunidad de aclararlos ante el INE. Dijo que: “En este país salió una secuestradora porque se incumplió el debido proceso cuando el INE decidió que se rebasaron los topes de campaña sin acreditar sus decisiones. No podemos soslayar un derecho cuando esto conlleva la imposición de una sanción”. No pos así, sí.

Cumplieron cabalmente en los prolegómenos que de lo que podría ser la madre de todas las batallas por la democracia; pero, que, no pasará de un juego de buenas intenciones, en el que las cartas están marcadas. Aparte de lo que viene.