La caída de caireles

Después del tsunami que arrasó con las aspiraciones de continuismo y de protección para quienes han dilapidado los recursos del erario público en beneficio propio y de la camarilla que detenta el poder, ya no será posible que la corrupción siga amparada por la complicidad que conduce a la absoluta impunidad, como ha venido ocurriendo hasta el momento. Una transición tersa, tiene que pasar por la rendición de cuentas.

El año pasado, cuando se descubrió el affaire con las tarjetas de Bansefi en las que se depositaron los recursos de ayuda a los damnificados de los sismos de septiembre, el titular del banco, Virgilio Andrade, prometió que en un plazo mayor de una semana habría de dar la información necesaria para aclarar todas las dudas, puntualizando con absoluta precisión a quién se entregaron las tarjetas, y cuánto se depositó en ellas.

Según una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en este caso se encontraron irregularidades e incongruencias en el programa de entrega de las tarjetas para los damnificados. Resulta que Bansefi emitió múltiples tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios. La autoridad bancaria documentó que a esos plásticos se depositaron 68.8 millones de pesos. Pero resulta que los fondos no llegaron a todos.

Por ejemplo, Reynaldo Molina Espinoza vio como la noche del 7 de septiembre de 2017, el sismo de magnitud 8.2 sacudió tanto a su vivienda, que algunos muros se deshicieron como si fueran de pinole. Las tejas y vigas que daban forma al techo, cayeron. El hombre de 56 años pasó varias semanas reconstruyendo su casa que en la fachada aún tiene pintada de rojo la letra "D", marca que según le dijeron los peritos determinaba que esa construcción debe ser demolida; pero, no tiene recursos para ello.

Pues, viene a resultar que a este humilde habitante del municipio de Villaflores, en Chiapas, tiene a su nombre 34 tarjetas del Banco de Servicios Financieros y del Ahorro Nacional, en las cuales se le depositó un total de 510 mil pesos. Más de medio millón que jamás ha visto y que no aparecen en las cuentas de la institución, de las que dijo Virgilio que iba a ofrecer una amplia y detallada información. Molina Espinoza es uno de tantos casos.

Quizá por ello, la Auditoria Superior de la Federación a través de su titular, David Colmenares Páramo, dijo en su informe pasado ante la Cámara de Diputados que: “Se dará seguimiento al caso de triangulación de recursos federales a empresas, a través de universidades publicas estatales, que se conoce como la estafa maestra”, e informó que: “Se presentaron 17 denuncias penales, que involucran 3 mil 37 millones de pesos, y se presentarán otras nuevas. Se instruyó para que la AFF se coordine permanentemente con la Procuraduría General de la República para que estas denuncias contribuyan a que quienes efectivamente cometieron irregularidades rindan cuentas”. Si antes tenía la intención, seguro que ahora no se echará para atrás.

Para más, prometió que en las próximas entregas de la cuenta pública 2017 también se entregará información sobre la forma en la que la Secretaria de Desarrollo Agrario, cuya titular es Rosario Robles, realizó el censo para determinar el saldo de los daños provocados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, que debió servir como eje para la reconstrucción; también se fiscalizará al Banco de Servicios Financieros, como institución que llevó a cabo la entrega de apoyos a damnificados.

Con respecto de la socia de Virgilio, la Auditoría Superior de la Federación dice que ya presentó 17 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por las irregularidades ocurridas en las cuentas públicas de 2013, 2014 y 2015, que involucran una serie de contratos firmados por la Secretaría de Desarrollo Social. Todavía les queda tiempo para actuar, ¿lo harán?