Un siglo después (IV)

La violencia que caracterizó la campaña política del Ing. Pascual Ortiz Rubio no cesó durante su gobierno, por lo que, luego de un atentado fallido y a dos años de haber tomado posesión, dejó el cargo. Como presidente interino se designó al Gral. Abelardo Rodríguez, quien, cumplido el plazo de ley, convocó a elecciones para presidente de la República. El PNR postuló al general Lázaro Cárdenas de Río, quien ganó con el 98 %.

Decir que fue impuesto por el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, puede ser cierto, pues eran muy amigos; pero, en el trasfondo hay razones más poderosas. La violencia en casi todo el territorio nacional no tenía causas internas; sino que estaba relacionada con los empeños del exterior por derogar el Artículo 27 constitucional y todo lo que este contenía con respecto de la propiedad de la tierra y de la riqueza en el subsuelo.

El general Cárdenas fue Jefe de Operaciones Militares en Michoacán, en el Istmo de Tehuantepec y en la región de las Huastecas, donde tuvo la oportunidad de conocer las actividades de las compañías petroleras y vivir por experiencia propia el proceder de los magnates del oro negro y de sus personeros en tierras mexicanas. Fue también presidente del Partido del 15 de octubre de 1930 al 28 de agosto de 1931.

En todo caso, Calles estaba seguro de que Cárdenas, que había sido gobernador de su tierra, Michoacán, era lo que el país necesitaba en ese momento. Se inicia de esta manera lo que será otro de los pactos secretos del Sistema Político Mexicano, explicado con acierto por Daniel Cossío Villegas: El presidente elije a su sucesor; éste debe tener un origen modesto y una sólida carrera político-partidista lograda por sus propios méritos; su compromiso principal es evitar, a toda costa, que el poder político caiga en manos del poder económico.

Cárdenas se sacudió la tutela de Calles e inició un colosal programa de recuperación de la economía nacional. Creo los emporios algodoneros de La Laguna y del henequén en Yucatán. Para librase de los efectos del Pacto de Bucareli buscó opciones ajenas al contenidos de sus cláusulas. Por ejemplo, para la nacionalización de los ferrocarriles tomó como pretexto la huelga que hizo estallar el 6 de Mayo de 1936, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, por demandas económicas. En ese mismo día, la Junta Federal de la Conciliación y Arbitraje, declaró inexistente dicho movimiento dando un plazo de 24 horas para que los obreros volvieran a sus labores. El 23 de Junio de 1937, el presidente decretó la nacionalización de los ferrocarriles.

Lo mismo hizo con el petróleo. El 18 de marzo de 1938, antes de que se cumpliera el plazo de 15 años , Cárdenas decretó la expropiación de las empresas petroleras Compañía Mexicana de Petróleo El Águila ( Royal Dutch Shell), Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum Company, la Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la Stanford y Compañía, la Penn Mex Fuel Company, la Richmond Petroleum Company, la California Standard Oil Company of Mexico (hoy Chevron Corporation), la Compañía Petrolera El Agwi, la Compañía de Gas y Combustible Imperio, la Consolidated Oil Company of Mexico, la Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, la Sabalo Transportation Company, Clarita S A y Cacalilao Sociedad Anónima.

Pero no lo hizo por efectos de la Ley de Expropiación de 1936 o del Artículo 27 de la Constitución, lo que hubiera traído serios conflictos que necesariamente tendrían que resolverse en las jurisdicciones judiciales correspondientes a la nacionalidad de los propietarios de las empresas petroleras, como se había acordado en los Tratado de Bucareli; sino que, echó mano de un subterfugio legal impecable: el desacato de las empresas a un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor del pago de mejores salarios a los obreros y trabajadores de la industria, el cual fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por si eso fuera poco, Lázaro Cárdenas del Rio expropió cerca de dieciocho millones de hectáreas de tierra y la repartió entre los ejidos y comunidades campesinas.

(Continuará).