¡Es la clase media, amigo!

Tal vez los negociadores mexicanos del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, que encabeza Ildefonso Guajardo, no sean tan burros; quizá lo que ocurre es que se hacen los sordos para no escuchar lo que demandan los socios comerciales en ese arreglo que ha venido a resultar tan beneficioso. Beneficioso, sí; pero, para unos cuantos magnates que en sólo dos décadas han logrado amasar fortunas colosales.

En el comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, que fue denominado ‘Mensaje a medios del Canciller Luis Videgaray, en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de América del Norte’, se suprimieron las palabras de la ministra canadiense, Chrystia Freeland, quien al referirse al tratado, dijo que se tendría que modernizar para que sus beneficios se hagan extensivos a las clases bajas.

No es la primera vez que la representante de Canadá se refiere a ese requisito que debe cumplirse para que, como dijo el canciller Videgaray: “No entendemos la negociación comercial como un negocio de suma cero, donde alguien pierde y alguien gana; queremos un acuerdo moderno, donde actualice las realidades del siglo XXI. Hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio fue negociado alrededor de hace 25 años en un mundo diferente, hoy tenemos la oportunidad de adaptarlo a esta nueva realidad, tener un acuerdo que sea justo, reciproco y que mantenga un comercio basado en reglas; reglas generales que permitan a esta extraordinaria región seguir prosperando, seguir generando empleos y prosperidad  para las tres partes”. ¡Órale!

En las seis rondas que se han llevado a cabo en los tres países, la posición de Canadá es que el tratado de libre comercio sea más progresista, esto es, que haya una mejoría substancial de las condiciones de vida de los trabajadores en México, lo que habría de repercutir en mejores ingresos para los obreros de los otras dos naciones, que en este momento deben competir con una mano de obra que vive en condiciones miserables.

En apoyo a las palabras que pronuncio Freeland en la conferencia conjunta, acerca de la necesidad de llevar el tratado a las clases medias y bajas de los tres países, el ministro de Finanza de Canadá, Bill Morneau, sostiene que: “En la medida en que nuestras economías crecen, debemos asegurarnos de que los beneficios se compartan con nuestra clase media y los más vulnerables. Siempre es posible mejorar: salvaguardas laborales, protección de los indígenas, del medioambiente… Tenemos que trabajar de manera conjunta para crear un futuro mejor para todos”. Palabras claras, simples, entendibles.

De igual manera, el presidente Donald Trump, a través de la Oficina del Representante Comercial, Robert Lighthizer, entregó a los congresistas federales un sumario con los objetivos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En éste se prevé agregar al acuerdo tripartita un capítulo sobre la incorporación del fortalecimiento de obligaciones internacionales en el sector laboral y del medio ambiente, que actualmente están sólo consideradas en los compromisos adicionales.

Y, aunque Guajardo ha dicho que los temas laborales son asuntos internos de cada país, no ha logrado evitar es obstáculo que se alza a partir de una realidad: Que el principal atractivo de México para las manufactureras extranjeras son los bajos salarios, dado que mientras el sueldo promedio en las fábricas de China ha aumentado a 3,60 dólares la hora, en México cayó a 2,10, un nivel que los economistas consideran artificialmente bajo.

Este panorama no es nuevo, ya el presidente Bill Clinton afirmaba que el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte habría de ahondar las desigualdades, haciendo más ricos a los ricos y miserables a los pobres. Lo aprobó porque en ello le iba la Presidencia.

Ahora, aunque los negociadores mexicanos se hacen los soncitos, asegurando que ‘mi no entender’, no habrá forma de que el tratado, que ha creado a los hombres más ricos del planeta, siga sin que, como exigen los gobiernos asociados, se mejore la distribución del ingreso, que, a fin de cuentas, no es más que justicia social.

Que el acuerdo sea ‘justo, reciproco’; pero, no sólo para los países y sus magnates; sino para la gente de carne y hueso, de leche y pan que en ellos vive y trabaja.