El Estado de derecho

Uno de los retos mayores del nuevo gobierno será la construcción de un Estado de derecho, en que las instituciones dejen de ser agencias de colocación para cuates y cuatitas, que, por considerarse autoridades y no servidores públicos, generan una enorme estructura de corrupción y de simulación. Aun las instancias de recaudación, que, por su propia naturaleza debían ser altamente eficientes, son nidos de extorsión.

No hay quien desconozca los informes internacionales en los que México aparece casi siempre con los rankings más altos en cuanto a obstrucción burocrática y, de manera casi consecuente, en corrupción. El guante y la mochila son los utensilios preferidos de quienes logran colarse en un puesto dentro del esquema de prestación de servicios a la comunidad desde el cual obtienen ingresos adicionales a su salario, magro salario.

Al asunto no es sencillo ni de fácil solución. Quienes pidieron el poder y lo ganaron con una abrumadora mayoría tendrán que picar piedra desde los cimientos institucionales a efecto de lograr los cambios necesarios y remar contra corriente en un ambiente que se encuentra muy maleado y que lo más seguro es que no dejará ‘sus conquistas’ tan sencillamente, aunque ello se convierta a la larga en beneficio mayor para sí mismos.

El punto de partida es el reconocimiento de los derechos sociales. Derecho sociales que están contenidos en prácticamente toda la legislación y en los tratados internacionales; pero que, al no tener un marco normativo que los garantice, son letra muerta. Nomás por mencionar el más importante y el más obvio, el derecho a la vida, no puede ser la perla refulgente del Derecho mexicano, porque no hay, ahora, forma de garantizarlo.

Igual sucede con el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la alimentación. Sí, existen enormes estructuras burocráticas a través de la cuales el Estado asegura que otorga esos servicios; pero, en la realidad, no es así y no hay forma de que los usuarios puedan acudir a las instancias de procuración de justicia para exigir buena atención.

Tan hondo han calado estos problemas que se han ideado formas de garantizar que la prestación de los servicios atribuidos a las instituciones del Estado: abrir vías jurisdiccionales por medio de las cuales se planteen las posibles violaciones de los derechos sociales, tanto por acción como por omisión de los poderes públicos y, bajo ciertas circunstancias, de los poderes privados. Además, del imperativo de delimitar los derechos sociales esenciales para el legislador, cuya tutela recae en el Poder Judicial.

Los derechos sociales fundamentales deben ser suficientes para garantizar un mínimo vital indispensable del que pueda disfrutar cada persona. La ausencia de remediación procesal eficaz, aunada a la falta de previsión de los órganos de tutela debidamente profesionalizados o sin status de autonomía e independencia frente al poder político, son algunos de los obstáculos principales para una tutela completa de los derechos.

 Si se reconoce que la crisis del Estado social y de sus instituciones viene a radicar en la ausencia de un sistema garantista para la tutela de los derechos sociales; habría que aceptar, también, que no se ha configurado un auténtico Estado de derecho que reivindique satisfactoriamente las expectativas que está destinado a tutelar; por ello es necesario que la nuevas autoridades se aboquen, de inmediato, a la construcción del Estado social que, a través de la defensa de los derechos sociales, pueda asumirse como Estado constitucional.

Las circunstancias históricas pueden ser tan fortuitas como se quiera o tan necesarias como cada quien lo entienda; pero, en todos los sentidos, habrá que pugnar por la consolidación de la fuerza normativa de la Constitución y de las leyes y las instituciones que de ella emanan.