El laberinto de los números

El enojo del sector empresarial en contra de la administración pública federal, que está resuelta a poner los puntos sobre las íes para lograr una mejor distribución de los ingresos por actividades productivas, se reduce a un tema simple, que hasta el momento está convertido en un galimatías con interpretaciones múltiples y fraccionadas que no reflejan la realidad. El resultado es que los impuestos a los ingresos de los trabajadores son proporcionalmente más altos que los de otros.

Aunque la Constitución señala en el artículo 31, fracción IV, que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia fiscal o tributaria a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como los de: generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria. Mas, no.

Hace un buen tiempo que el trabajador con el salario mínimo debe pagar por alimentarse con una concha y un refresco el IVA y el IEPES que no puede deducir de manera alguna. Del 2014, cuando se implementó el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas, disque para bajar su consumo, al primer semestre de 2018, se recaudaron 98,708.6 millones de pesos, según los datos dados a conocer por la Secretaría de Hacienda; sin embargo, el consumo de refrescos creció no disminuyó.

Según la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas: "El principal afectado por las medidas impositivas es el consumidor, debido al aumento en precios, siendo las familias con ingresos más bajos las más perjudicadas, ya que de los más de 53,000 millones de pesos recaudados por el impuesto especial a refrescos, 62% ha provenido de estas familias". Si de acuerdo a la ley, los impuestos deben ser proporcionales y equitativos, no se observan el en IRBA.

Así podría deshilvanarse un enorme bonche de casos en que los que menos ingresos tienen son los que más pagan, y que se utilizan diversos recursos tramposos para que en los cuadros estadísticos e informes oficiales no se eche de ver. Oficialmente se dice que el pago de impuestos de los trabajadores está entre los más bajos de la OCDE, que apenas llegan al 9.8 de sus ingresos por el Impuesto Sobre la Renta y las contribuciones a la seguridad social significan el 11.2 por ciento.

Para hacer las comparaciones, los informes citan países como Alemania, donde los trabajadores cubren el impuesto sobre la renta con el 19.1 por ciento de sus ingresos, y la seguridad social con el 20.8 por ciento de lo que perciben; si, pero, sin explicar que allá los alemanes obtienen algo a cambio, como seguro de salud integral de elevada calidad, pensiones suficientes para una vida cómoda y digna, cuidado y asistencia para los ancianos jubilados y beneficios por desempleo.

A los impuestos por ingresos y por seguridad social, los trabajadores deben agregar el Impuesto al Valor Agregado, los impuestos especiales y toda una serie de alcabalas que van desde lo legal, pero no justo, hasta lo francamente ilícito. Así que los ingresos, escasos ingresos se ven afectados de manera substancial por las exigencias de contribuir al mantenimiento y operación del Estado.

Por otra parte, el informe de Paying Taxes 2019: "En México, las empresas pagan, en promedio, hasta una tasa de 53% de impuestos y contribuciones". Luego, agrega que la Tasa Total de Impuestos y Contribuciones, que pagan las empresas situadas en el territorio nacional, es mayor al promedio que registraron las 189 economías analizadas, que fue de 40.4 por ciento. La tasa incluye no sólo impuestos que las empresas deben pagar a la autoridad; además contribuciones sociales obligatorias que están a su cargo y pagan al gobierno o a los fondos y planes de seguro.

¿Será por ello que los gobiernos anteriores implementaron tantos y tan oscuros mecanismos de compensación, devolución de impuestos y facilitación de mecanismos de evasión? Un funcionario de currículo irreprochable, Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda, expresó que el grave problema que representa la evasión y elusión fiscal para el país, representa entre tres y cuatro puntos del Producto Interno Bruto.

Al inicio de año, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente detecto facturas falsas y operaciones inexistentes en casi nueve mil empresas fantasma, con lo que se ocasionan daños por más de dos billones de pesos, casi  40% de los cinco billones 274 mil 420 millones de pesos que contiene la Ley de Ingresos 2019 de la Federación, y que las compensaciones para contribuyentes han presentado un crecimiento injustificado del 76% en los últimos tres años.

Los saldos a favor del IVA pasaron de 131.4 a 260.5 millones de pesos de 2014 a 2017.

Así, ¿cómo no van a estar enojados con el fin del laberinto que los protegía?