Chivo pagado, chivo brincado

No hubo sorpresa alguna en las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomadas el lunes por la noche, como corresponde a los actos que no resisten la luz del sol. Hicieron lo que tenían que hacer, por lo que habían recibido la paga anticipada con el oprobio del Senado, que les dio premio de más, saltando todas las formas, tanto éticas como jurídicas.

Determinaron desechar por improcedentes todas las impugnaciones presentadas por los partidos políticos que fueron apabullados con el enorme poder de la aplanadora oficial, que se fue hasta los extremos con tal de cumplir el mandato superior. Tenían que pagar el precio de la ignominia que se hizo manifiesta cuando, habiendo sido elegidos para un determinado periodo, el Senado, a toro pasado, les hizo el favor de ampliarlo de tal suerte que tienen el futuro en sus manos.

De esta suerte, José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, electos originalmente para el periodo del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, durarán en su cargo hasta el 31 de octubre de 2023. En tanto que Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, electos  para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, durarán en su puesto hasta el 31 de octubre de 2024. Y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fragoso y Janine Otálora Malassis, ejercerán su cargo en los mismos términos de la elección realizada por la Cámara de Senadores, es decir, hasta el 31 de octubre de 2025. ¡Orale!

Para que el asunto amarrara bien, la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis fue nombrada, por unanimidad (valga decir, por orden de arriba), presidenta del Tribunal y desde ahí ha dado muestra perfecta de su carácter y de su disposición a gozar de todas las prerrogativas que le fueron conferidas por un periodo transexenal de ocho años. Uno de sus primeras decisiones fue la compra de  cinco camionetas de lujo para los nuevos magistrados que iniciaron labores en noviembre del 2016, cuyo costo, según el periódico El Universal, fue de  4.5 millones de pesos.

Pero, además, se resistieron a disminuir sus ingresos alegando que la carga de trabajo que tienen es muy pesada y que necesitan mucho dinero para poder relajarse en centros paradisiacos en sus periodos de descanso, que son prácticamente todo el año, pues sólo se les requiere para avalar los desaguisados perpetrados por los partidos políticos que autorizan sus sueldos estratosféricos y demás prebendas y prerrogativas que tienen. La ignominia tiene un costo muy elevado en México.

Fue la mismísima presidenta del Tribunal quien expresó que: “Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no reducirán su sueldo como parte de las acciones de austeridad que llevan a cabo varias instituciones”. Puntualizó que los salarios de los magistrados, 380 mil 406 pesos netos al mes, más gratificaciones anuales, más gastos para los chuchulucos,  están determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado.

Tanta lana por tan largo periodo de tiempo, durante el cual pueden suceder muchísimas cosas que vengan a sumarse a los estímulos a los magistrados (como olvidar que los miembros del TEPJF recibieron en el 2006 7 millones de pesos como premio por aprobar la elección, tan cuestionada de ese año), no podía tener un resultado diferente al del lunes 11, decidido por unanimidad.

Dice un viejo y conocido refrán que: “De buenas intenciones está empedrado el infierno”, lo que seguramente debe ser verdad, toda vez que la presidenta del Tribunal aseguró, con la mano sobre el corazón, que “Somos siete integrantes de la Sala Superior totalmente profesionales, con gran experiencia en materia electoral, estamos blindados ante cualquier tipo de presión que podamos vivir por cualquier partido político, por cualquier actor político, y estamos aquí con la única misión, exclusivamente, de proteger el voto de los ciudadanos”. Además, informó que el TEPJF ha atendido más de mil asuntos en las entidades que tuvieron  elecciones este año, en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. “Pos”,sí; pero, ¿de qué sirve?; todas resultan improcedentes.

De 87 juicios de inconformidad, sólo se aceptó uno, por cambio de ubicación de casilla sin aviso y de 5 mil demandas de recuento de casillas únicamente se abrieron poco más de 556, debidamente seleccionadas.

Ya dieron color los miembros del Tribunal para lo que viene el año próximo.