Blindaje electoral

Durante la comparecencia en la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, el secretario del ramo, Luis Miranda Nava, convocó a las instancias competentes de las cámaras del Congreso a tomar las acciones necesarias para implementar un blindaje electoral a fin de evitar que los programas sociales del gobierno de la República se utilicen con fines electorales, en los comicios del 2018.

La comparecencia de Miranda tuvo lugar como parte de la glosa del Informe de Gobierno que presentó por escrito el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, en el mes de septiembre y debió realizarse en el pleno del Senado; pero, por esas cosas raras que suceden, fue en el ‘petit comité’ de la Comisión que preside la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza; aún así, el secretario debió aguantar feroces andanadas.

Indudablemente, las observaciones, los datos, las estadísticas y los cuestionamientos que hicieron senadores de oposición a los programas de desarrollo social y los magros resultados que han tenido en el combate a la pobreza y disminución de la brecha que separa a los ahítos de los miserables, calaron hondo en el ánimo del funcionario, que, por ratos, bufaba de enojo; pero, logró contenerse y apoyado por adeptos, salir airoso.

Se la cuestionaron al secretario la opacidad de los ejercicios presupuestales, los pobres resultados que se han tenido en reglones altamente sensibles, la disparidad de criterios con que se manejan los recursos y, sobre todo, la utilización de los programas como instrumentos de inducción política, cuyas denuncias ante la instancia electoral ha sido puntual sin resultado alguno hasta la fecha, como pasó en el estado de México.

Miranda Nava aseguró que si había algo que no estaba funcionando bien era por falta de voluntad política de los gobiernos estatales y municipales de todos los colores, que eran las instancias que recibían los recursos y debían implementar los programas sociales con base a lo que establece la ley, y, luego, hizo una exposición gráfica de los avances que se tienen en cuanto al abatimiento de la pobreza y la pobreza extrema.

Un tema que cobró relevancia fue el de las tarjetas débito entregadas para ayudar a los damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas. No faltó quien hiciera notar que las tarjetas de ayuda a los damnificados que debían ser operadas por la Secretaría de Desarrollo Social, se hayan entregado a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, que jefatura Rosario Robles y que, una vez que se ha detectado su mal uso, sea Virgilio Andrade, director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, quien hiciera la denuncia ante la Fepade sin fiscal.

 Jocosa fue la defensa de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, quien dijo que sólo faltaba que los inconformes con los resultados del trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social y del gobierno de la República, también los culparan de haber programado los sismos del 7 y 19 de septiembre para poder operar los programas de ayuda a los damnificados a favor del partido oficial en las elecciones torales del próximo año.

Para culminar la comparecencia y como respuesta al reto de la oposición, el secretario convocó a los integrantes de las cámaras del Congreso a implementar un blindaje de los programas sociales con respecto a las elecciones del 2018, lo que, realmente, no es nada nuevo. El 16 de febrero del 2016 se firmó un compromiso similar signado por la Procuraduría General de la República (sin titular), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (sin titular), la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Miranda y la Secretaría de la Función Pública, en manos de Arely Gómez.

Con base en ello, el secretario Miranda sólo estuvo una vez en el estado de México; pero, dijeron sus críticos, sus dos subsecretarios estuvieron ahí 38 veces durante la campaña.

Habrá blindaje, ¿Servirá?