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¿Así los compran o los mandan hacer?

En el último boletín de la Secretaría de Gobernación, el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, señala que no se puede tener gobernabilidad sin condiciones de seguridad pública, económica y jurídica.

En el último boletín de la Secretaría de Gobernación, el titular de la dependencia,  Alfonso Navarrete Prida, señala que no se puede tener gobernabilidad sin condiciones de seguridad pública, económica y jurídica. “El combate al fenómeno de la inseguridad debe realizarse a través de salidas jurídicas, no políticas”. Palabras difíciles de captar en el contexto del discurso del funcionario, exsecretario particular de Jorge Carpizo.

El maestro y politólogo argentino, Antonio Camou, cuya obra, Gobernabilidad y Democracia, fue editada por el INE,  plantea una definición amplia de gobernabilidad rescatando su carácter multidimensional y relacional. Así, la gobernabilidad debe ser entendida como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la aptitud del sistema político para atenderlas de manera legítima y eficaz.

¿Así los compran o los mandan hacer?

De esta idea se entiende que la gobernabilidad es una tarea que corresponde a quien ejerce el poder público y está obligado a escuchar las demandas sociales y, luego, llevar a cabo las tareas necesarias para atenderlas de forma satisfactoria. Entonces, la seguridad pública, la seguridad económica y la seguridad jurídica a la que se refiere el funcionario, son tareas de gobierno, como respuesta a las exigencia de la población.

La seguridad pública, esto es el mantenimiento del orden y de la ley, “implica que haya una reconocida capacidad del gobierno para mantener o restaurar rápidamente un nivel mínimo de orden; el cumplimiento mínimo de la legislación y de las políticas gubernamentales y la ejecución de las órdenes del gobierno”. Si el 2017 fue el año más violento, habría que preguntar si el poder público está cumpliendo con su obligación.

La seguridad económica, según Camou, debe ser entendida como “la capacidad del gobierno para llevar adelante una gestión eficaz de la economía”. Hasta ahora, en los asuntos de la economía nacional se han perpetrado auténticos desaguisados que han convertido al país en un importador neto de los bienes y servicios que anteriormente eran puntal del desarrollo por la cantidad de divisas que traían, por puro entreguismo.

La seguridad jurídica se entiende como: “El control del orden político y la estabilidad institucional, esto es, la capacidad del sistema político para incorporar, restringir o acomodar –de acuerdo con pautas institucionalizadas– a individuos y grupos que buscan influir en el juego político, con el propósito de permitir el flujo eficaz en la toma de decisiones”. Hasta ahora, toda decisión ha resultado estrictamente cupular.

De acuerdo a la obra del Dr. Camou, le faltó a Navarrete Prida el que debería ser el tema más importante, dado su paso por la Secretaría del Trabajo: la seguridad social, que se traduce en: “La capacidad del gobierno para promover el bienestar social y garantizar servicios sociales mínimamente adecuados”. Situación imposible dado el empeño del gobierno por mantener deprimidos los ingresos de los trabajadores.

Por lo que se refiere a su frase absurda de que la inseguridad debe combatirse con salidas jurídicas y no políticas, pone de manifiesto que no aprendió nada de su mentor Jorge Carpizo con el que pasó por la UNAM, la CNDH, la Procuraduría General de la República y la Secretaria de Gobernación. Citando a Carpizo: “Por una razón u otra he estado cerca de la procuración de justicia en México, principalmente de la de carácter federal. Me consta que, en términos generales y con honrosas excepciones, los agentes del Ministerio Público y los de la policía de investigación laboran con incompetencia, falta de preparación, irresponsabilidad, carencia de compromiso jurídico, a base de consignas, a menudo con corrupción y desprecio a los derechos humanos. El panorama no puede ser más desolador y la víctima es la sociedad, la cual contribuye poco o nada a que aquél se modifique, tal y como expongo con posterioridad…

Es obvio que la mayor responsabilidad de este desastre nacional corresponde a los tres niveles de gobierno, en particular a las procuradurías de justicia y a los cuerpos de seguridad”.

Quizá el nuevo secretario de Gobernación deba leer a su gran amigo antes de engolar la voz y dejar correr su ignorancia en los asuntos que le fueron confiados.