Una debilidad de la democracia mexicana

Tal como se esperaba, la consulta para juzgar a los ex presidentes del periodo neoliberal no fue tan popular: el conteo rápido aplicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) al concluir el proceso arrojó una participación ciudadana que fluctuó entre 7.07 y 7.74 por ciento.

Para que este instrumento de democracia participativa fuera vinculatorio y se abriera una acción legal en contra de los ex mandatarios se requería que un 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal, algo así como 37 millones de personas, acudieran a votar.

Esa cifra jamás se iba a alcanzar en este ejercicio democrático, el primero de su tipo en la historia, considerando una característica de la sociedad mexicana: una sociedad integrada por ciudadanos de baja intensidad, poco interesados en participar de manera activa en el análisis y la discusión de los temas de trascendencia nacional.

Por supuesto, desde los días previos a la realización de la consulta popular, lo que prevaleció en el ambiente político nacional fue una alta carga de polarización, un fenómeno que carcome no solo la endeble democracia construida a partir de la alternancia en el poder y que exhibe, de paso, la aguda crisis de la clase política tradicional.

Desde hace unos días, un buen número de personajes del Movimiento de Regeneración Nacional comenzaron a culpar al INE de la muy posible baja participación ciudadana en la consulta popular para juzgar a los últimos cinco ex presidentes de la república. Bien sabían que la asistencia a las urnas sería muy baja.

Por tanto, al INE lo responsabilizaron de la escasa difusión del juicio y de la notoria reducción de casillas instaladas respecto al pasado proceso electoral del 6 de junio, elección federal intermedia donde se renovó la Cámara de Diputados.

Los morenistas, por supuesto, 'olvidaron' que el árbitro electoral instaló menos casillas debido a que el gobierno de la 4T, en base a su principio de la austeridad republicana, no le concedió el presupuesto solicitado, primero de mil 500 millones de pesos y, luego, de 900 millones de pesos, para organizar la consulta.

Finalmente, el INE tuvo que apretarse el cinturón y utilizar 500 millones de pesos de su presupuesto y aplicarlo en la organización de la consulta popular que se realizó ayer con la instalación de poco más de 57 mil mesas receptoras.

Algo es muy importante precisar: el presupuesto del Instituto Nacional Electoral no es una bagatela. El presupuesto del árbitro electoral es de 19 mil 593 millones de pesos en 2021. Una auténtica millonada.

¿Todo ese dinero se lo gasta en organizar procesos electorales federales o locales? No. Por ejemplo, en este año contempló un gasto de 387 millones 435 mil pesos en 'fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos.

También proyectó para este año un gasto de 135 millones 497 mil pesos en 'fortalecer la gestión y la evaluación administrativa y cultura de servicio público', cualquier cosa que eso signifique, aunque suena muy rimbombante.

Es decir, el INE reorientó su gasto y demostró que sí podía destinar por lo menos 500 millones para organizar, de acuerdo a los tiempos, de manera austera, la consulta de ayer.

¿Es responsabilidad del árbitro electoral la escasa asistencia de los ciudadanos a las urnas? No, definitivamente no. La baja afluencia de votantes en la consulta popular tiene que ver con otras razones que van más allá de la actual discusión política acentuada por una estéril y absurda polarización, un griterío que impide el entendimiento.

La apatía y el desinterés ciudadano por acudir a las urnas en los procesos para elegir a los gobernantes es una de las características centrales de la sociedad mexicana, es un problema social que persiste y que representa una de las debilidades de la democracia construida en nuestro país.

Es común que en las elecciones los titulares de la prensa se refieran al triunfo del abstencionismo y las notas relaten la baja afluencia de votantes. Hace dos años, por ejemplo, cuando se renovó el Congreso del Estado, la participación ciudadana fue solamente de 33 por ciento. Está claro que los ciudadanos se sienten más motivados de ir a votar cuando se elige al presidente de la república o, en los procesos locales, a los alcaldes. Esa es la tendencia histórica.

Esa tendencia no fue bien calculada por la Cuarta Transformación. Si bien ni los morenistas esperaban que 37 millones de mexicanos salieran a votar por el sí o por el no para juzgar a los exmandatarios del periodo neoliberal, tal vez nunca proyectaron que solo iba a salir el 7 por ciento del listado nominal, una cifra bajísima para las expectativas de la 4T, un porcentaje que les traerá duras críticas.

Lo que siempre quedó claro fue que se utilizó este mecanismo de democracia participativa para evitar lo que supuestamente se pretendía: juzgar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En el gobierno federal bien sabían que jamás saldría a votar el 40 por ciento del listado nominal y, por tanto, no se emprenderían las investigaciones penales y administrativas en contra de los expresidentes, situación que hubiera sido muy distinta si la consulta popular se hubiera realizado junto con la elección federal intermedia del pasado 6 de junio.

¿Por qué no se empató la consulta popular con la elección de hace dos meses? Precisamente para evitar que la consulta alcanzara el grado de vinculante que obligara a la autoridad a iniciar pesquisas. Lo único que en realidad se pretendió hacer fue una especie de juicio político histórico a los exmandatarios neoliberales. Y nada más.

Pero más allá de los dimes y diretes motivados por la consulta popular, lo que realmente nos debería preocupar son los motivos de fondo por los cuales los mexicanos son ciudadanos de baja intensidad, lo que refleja nuestra debilidad cívica y la debilidad de una democracia que no termina por consolidarse pese a la alternancia en el poder.