‘Quiere moverle el tapete’

El segundo síndico del ayuntamiento de Victoria, Luis Torre Aliyán, anunció ayer que había presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tratar de invalidar la designación de María del Pilar Gómez Leal como alcaldesa interina en lugar de Xicoténcatl González Uresti, es decir “quiere moverle el tapete” con el pretexto de que fue ilegal el procedimiento que se utilizó en el Congreso Local.

El mismo Torre Aliyán reconoció que el trámite puede durar mucho tiempo, por lo que “hay que tener paciencia”, aseveró.

Nadie creía que el segundo síndico se atrevería a presentar la controversia constitucional en contra de la alcaldesa Gómez Leal, puesto que la llegada de ella renovó la esperanza de que le vaya bien al municipio de Victoria porque tiene el apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

En caso de que la SCJN le dé la razón a Torre Aliyán, el regidor Edgar Valdez Saldívar entraría en lugar de la señora Gómez Leal, pero dicho cambio podría afectar la inversión estatal para la rehabilitación de la infraestructura vial que anunció la titular de la Secretaría de Obras Públicas, Cecilia del Alto López, que asciende a 40 millones de pesos, entre otros programas.

Ante esta situación, surge la pregunta: ¿Qué busca Torre Aliyán?, cumplir con la ley o sólo llamar la atención.

Si en realidad quisiera cumplir con la ley, se tardó en reaccionar porque desde mucho antes hubiera procedido, como era su obligación por ser el segundo síndico del ayuntamiento, en contra del ahora exalcalde González Uresti ante las constantes denuncias de corrupción que se evidenciaron a través de diversas investigaciones periodísticas.

Si bien es cierto que en varias ocasiones declaró en contra del llamado “alcalde bailarín”, no se atrevió a presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes para que se iniciarán las investigaciones por los casos de corrupción a través de facturas falsas, según denuncias periodísticas.

En fin, Torre Aliyán deberá de tener “mucha paciencia” porque el trámite que inicio en contra de la alcaldesa interina Gómez Leal va para largo porque hay otros temas de suma importancia en la SCJN, como es el conflicto del agua en la presa La Boquilla en Chihuahua, que podría desencadenar un conflicto internacional entre México y Estados Unidos.

Por otra parte, Transparencia Internacional acaba de dar a conocer un informe en donde señala que no hay avances reales en la lucha contra la corrupción en nuestro país, puesto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sólo ha iniciado tres investigaciones para castigar a quienes abusaron de la confianza de la sociedad mexicana.

Esta organización internacional que realiza estudios sobre corrupción en 47 países, señala que el Caso Odebrecht, por ejemplo, no ha avanzado porque las pruebas presentadas por el ahora exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, no han podido ser comprobados por la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero.

El informe de Transparencia Internacional contradice la versión que ofrece el gobierno de López Obrador, ya que es más el escándalo mediático en contra de los presuntos culpables que fundamentar el proceso en forma legal.

Por cierto, la diputada federal Abelina López Rodríguez de Morena se metió en un verdadero lío luego de que reconoció que había sobornado con 20 mil pesos a un agente del ministerio público en Acapulco, Guerrero, a fin de agilizar su caso como abogada litigante.

La legisladora morenista estaba utilizando la tribuna de la Cámara de Diputados para señalar que la corrupción campeaba en la administración de Enrique Peña Nieto, pero resulta que ella misma contribuyó a este mal cuando sobornó al ministerio público.

Luego del desliz, la diputada López Rodríguez declaró que la habían malinterpretado porque ahora afirma que no soborno al ministerio público, sin embargo, sus palabras quedaron gravadas y ahora se inició una investigación en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

De regreso al informe de Transparencia Internacional, no hay duda que la lucha en contra de la corrupción es más mediática que real, puesto que a pesar de que el presidente López Obrador ha dicho que sus principales colaboradores no reciben sobornos ni se prestan a actos ilegales, hay denuncias de abusos cometidos por altos funcionarios.

Recientemente, varios concesionarios de Pemex se quejaron que ahora les cobran entre un 20% hasta un 30% los permisos para la importación de gasolina y de diésel, ya que si no aportan las comisiones voluntarias simplemente se tardan en recibir el visto bueno de la paraestatal.

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