'No habrá perdón ni olvido'

La sociedad victorense ve con beneplácito que la administración estatal apoya en forma decidida a la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal, pero de inmediato “el gozo se fue al pozo”, como dice el viejo refrán, cuando se enteró que el doctor Xicoténcatl González Uresti recibió el nombramiento de Subsecretario de Calidad y Atención Médica Especializada de la Secretaría de Salud en Tamaulipas.

La ciudadanía no se explica el por qué en lugar de castigar el “saqueo” de que se le acusa a González Uresti se le premia con un importante cargo en la administración estatal, incluso considera que es una burla ante la pésima gestión que tuvo al frente del gobierno municipal.

Confía en el compromiso que hizo la alcaldesa Gómez Leal cuando tomó posesión del cargo al señalar ante los medios de información que “no habrá perdón ni olvido”, puesto que en verdad fueron dos años en que se sufrió la falta de agua potable en casi todos los sectores de la población, el pésimo servicio de la recolección de basura, la falta de alumbrado público, así como baches y hasta cráteres en calles y avenidas de la capital tamaulipeca.

El procedimiento legal en contra de González Uresti debió de iniciarse desde hace mucho tiempo por parte del abogado Luis Torre Aliyán como 2° Síndico del ayuntamiento local, sin embargo, sólo ha lanzado amenazas y protagonizado escándalos partidistas, como cuando renunció al PAN.

A propósito, Torre Aliyán pretendió acaparar la atención de la opinión pública cuando amenazó con impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la terna propuesta por la regidora Sonia Tamez González, integrada por Gómez Leal, Cecilia del Alto López y Arturo Soto Alemán para que el Congreso Local designará a la sucesora del “alcalde bailarín”, pero luego de consumarse el hecho, sólo le deseo buena suerte a la nueva alcaldesa.

De regreso con el compromiso de Gómez Leal, no hay duda de que debe proceder legalmente en contra de González Uresti, sobre todo porque la sociedad victorense se encuentra sumamente indignada por el premio de consolación que recibió en lugar de ser castigado conforme a derecho.

La alcaldesa se podría apoyar en el abogado Gustavo Rivera Rodríguez luego de que Torre Aliyán dejo pasar la oportunidad de encabezar el litigio en contra del exalcalde victorense, sobre todo si pretende trascender en el 2021 cuando concluya la actual administración municipal.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Gerardo Peña Flores, se fue duro contra diputadas y diputados de Morena que ayer consumaron la extinción de los 109 fideicomisos que les ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Peña Flores calificó de traidores a Patricia Sosa Ruiz, Olga Elizondo Guerra, Adriana Lozano Rodríguez y Nohemí Alemán Hernández, así como también a Héctor Villegas González, Erasmo González Robledo y Armando Zertuche Zuani, quienes sí ejercieron la “obediencia ciega” que exige López Obrador a sus súbditos en el Congreso de la Unión.

Y hablando de súbditos, el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Dávila, “mostró el cobre” al proponer una reforma para que la consulta popular en contra de los expresidentes se realice el 6 de junio, es decir el día de la elección intermedia del 2021, en lugar del primer domingo de agosto como marca la ley respectiva.

Con el pretexto de que sería muy oneroso realizar la consulta porque se gastarían más de 8 mil millones de pesos, según el Instituto Nacional Electoral (INE), el senador Monreal Dávila quiere complacer en todo a López Obrador sin importar que a nadie engaña, mucho menos a la oposición que de inmediato criticó esta burda maniobra.

Si en verdad desea ahorrar el gasto público, debería de escuchar a la sociedad mexicana que sí desea juzgar a los expresidentes, pero que no se gasten 8 mil millones de pesos en una consulta que de antemano se conoce el resultado y que pretende realizar por puro capricho del presidente López Obrador.

De nuevo con el diputado loca Peña Flores, no hay duda de que la extinción de los fideicomisos perjudicará a diversos sectores productivos y sociales, como lo han denunciado escritores, defensores de derechos humanos, científicos, artistas, deportistas, víctimas de la violencia en el país, entre otros.

No creen que la entrega de apoyos y becas sea más expedita, como lo afirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, puesto que saben muy bien que la entrega directa de recursos públicos sólo responderá a los intereses partidistas de López Obrador en las elecciones del 2021.

Hay que esperar la respuesta que darán diputadas y diputados de Morena que calificó de traidores Peña Flores, pero mientras tanto debemos reconocer el valor civil y el compromiso que tuvieron las y los legisladores de la bancada morenista que demostraron ser defensores de los intereses de la sociedad mexicana y se opusieron a la extinción de los fideicomisos, como es el caso de Wendy Briceño Zuloaga, Rocío Barrera Badillo, Lorena Villavicencio Ayala, Sergio Mayer Bretón, entre otras y otros.

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