Lluvia de amparos

Si bien es cierto que ayer la cancelación de las pensiones a los expresidentes acaparó la atención de la opinión pública y de la sociedad mexicana, la reforma a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que hoy entra en vigor para que nadie gane más que el Presidente de la República, seguramente propiciará una lluvia de amparos de aquellos servidores públicos que tienen ingresos superiores a los 108 mil pesos mensuales que ganará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a partir del próximo 1° de diciembre.

El decreto señala claramente que la reforma deja sin efecto las disposiciones anteriores en materia salarial, pero además indica que la regulación será para todos los servidores públicos de los Poderes de la Unión, es decir incluye a los magistrados y jueces del Poder Judicial, así como también a los empleados de mandos superiores del Poder Legislativo.

De igual forma, incluye a los empleados de organismos públicos federales dotados de autonomía constitucional, como es el caso de Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros.

Aunque una ley no es retroactiva, según varios abogados consultados el día de ayer, la decisión de bajar los salarios de los servidores públicos propiciará que muchos profesionistas con amplia experiencia y técnicos especializados dejarán sus cargos en las dependencias federales.

La inversión en la preparación y capacitación de estos servidores públicos a través del Servicio Profesional de Carrera se perdería irremediablemente, puesto que nadie está dispuesto ganar menos de lo que actualmente obtiene con el salario base y sobre todo con las compensaciones.

Los primeros que se opusieron a la reducción salarial fueron los magistrados y jueces del Poder Judicial en voz del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quien anunció desde septiembre que prepararía juicios de amparo en contra de la llamada austeridad republicana de López Obrador.

Luego funcionarios de organismos públicos dotados con autonomía constitucional también elevaron sus protestas, entre los que se encuentra el presidente del INEGI, Julio Santaella Castell, quien defendió los incrementos salariales otorgados a los empleados el pasado mes de septiembre, cuyos montos de sus principales colaboradores rebasan los 108 mil pesos mensuales.

Es por eso, que se espera una lluvia de amparos en contra de la reforma a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que hoy entró en vigor, debido a que numerosos funcionarios darán la pelea para conservar sus ingresos económicos por tener muchos años de servicio, pero sobre todo por la experiencia y capacidad que tienen en sus actividades laborales.

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