Le dan revés

Todo parece indicar que el Poder Judicial de la Federación (PJF) le dará revés a las controvertidas decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la suspensión del subsidio gubernamental a las Estancias Infantiles.

Aunque el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, aseveró ayer al participar en la reunión nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer que no se retomará la construcción del NAIM porque está en plena marcha el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, lo cierto es que el Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó mantener intacta la obra de la terminal aérea en Texcoco y reiteró la suspensión de la obra en la base militar de Santa Lucía.

La orden judicial surgió luego de que el director general del Parque Ecológico de Texcoco, el arquitecto y urbanista Iñaki Echeverría, anunció que se inundaría la losa de cimentación del NAIM para el rescate del Lago de Texcoco que desea el presidente López Obrador.

El Tribunal Colegido ordenó que se respete la obra ejecutada hasta el momento en el NAIM, en donde se ha realizado una inversión de 14 mil millones de pesos, cuya suma quedaría prácticamente bajo el agua.

También ordenó suspender el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía hasta que el gobierno federal acredite que cuenta con todos los estudios de seguridad y preservación del medio ambiente, sobre todo después de que se comprobó que no se había tomado en cuenta la ubicación del Cerro de Paula, que representaría una seria amenaza para el aterrizaje de las aeronaves en caso de que se construya.

Además, varios funcionarios y especialistas de la Semarnat denunciaron que han sido presionados para entregar los permisos de impacto ambiental, pero que no se ha hecho ningún estudio serio por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional que tiene a su cargo la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

En el caso de las Estancias Infantiles, el PJF también ha ordenado a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda que se entreguen los subsidios gubernamentales a todas aquellas guarderías que se han amparado en contra de la controvertida decisión del presidente López Obrador.

Ayer mismo, dueñas y trabajadoras de las Estancias Infantiles afirmaron que padres de familia utilizan los subsidios gubernamentales para otros gastos de sus hogares en lugar de que sean canalizados para el cuidado y alimentación de niñas y niños, además de que muchas guarderías se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas por ser incosteable el servicio.

Tan sólo en Tamaulipas más de 60 Estancias Infantiles cerraron sus puertas luego de que la administración federal suspendió el subsidio gubernamental, afectando a mil 600 niñas y niños que se atendían, además de que 500 personas perdieron sus trabajos en la entidad.

Aunque el gobierno estatal ha entregado apoyos a varias Estancias Infantiles, se requiere que el programa federal se restablezca para que niñas y niños reciban una buena alimentación y aprendan sus primeras letras a través de juegos que organizan las encargadas de las guarderías.

Es por eso que se debe celebrar que a jueces del PJF no les tiembla la mano para darle revés a las decisiones controvertidas del presidente López Obrador, sobre todo cuando se demostró cabalmente que en ninguno de los dos programas hubo casos de corrupción, como aseveró el tabasqueño como justificación.

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