"Cayó como balde de agua fría"

Cuando todos los morenistas festejaban que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) habían considerado, por unanimidad, infundadas las impugnaciones presentadas por el PAN en contra del resultado de la elección para gobernador, salió el asesor legal de la coalición "Va por Tamaulipas", Marco Antonio Baños Martínez para desmentir que está autoridad electoral había declarado como gobernador electo a Américo Villarreal Anaya, cuya afirmación "cayó como balde de agua fría".

El exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE) explicó que todavía falta que la Sala Superior del TEPJF analice varios videos en donde se observa claramente la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral del pasado 5 de junio en la entidad.

No es la primera vez en que un candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" a la gubernatura ha sido involucrado con el crimen organizado, puesto que una situación similar vivió Ricardo Gallardo Cardona hace casi un año luego de que el PAN y PRD impugnaron el resultado de la elección en San Luis Potosí.

La Sala Superior del TEPJF luego de revisar todas y cada una de las pruebas del PAN y PRD, en donde supuestamente se había involucrado el crimen organizado en la campaña de Gallardo Cardona, determinó que eran infundadas y procedió ha declararlo gobernador constitucional de San Luis Potosí a partir del 22 de septiembre del 2021.

De igual forma, el triunfo de Rubén Rocha Moya fue impugnado por el PRD porque supuestamente el crimen organizado había operado para ganar la elección de gobernador en Sinaloa, incluso algunos opositores señalaron que estaba involucrado por haber nacido en Badiraguato, la tierra natal de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y de Rafael Caro Quintero.

La máxima autoridad electoral reviso cada una de las pruebas presentadas por el PRD, sin embargo, no encontró nada que involucrara al ahora gobernador de Sinaloa, Rocha Moya.

No debemos olvidar que Villarreal Anaya fue el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para apoyar la campaña de Rocha Moya, por lo que nade mejor que él sabe de este tipo denuncias.

Tiene razón el asesor legal de la coalición "Va por Tamaulipas", Baños Martínez porque hay que esperar la resolución definitiva del TEPJF en torno a la impugnación presentada por el resultado electoral del pasado 5 de junio.

Y hablando de coaliciones, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, se fue en contra de sus colegas del PAN y del PRD, Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente, luego de que decidieron suspender temporalmente la alianza "Va por México", porque la diputada Yolanda de la Torre Valdez del PRI propuso dejar a los militares en actividades de seguridad hasta el 2028.

Tanto Cortés Mendoza como Zambrano Grijalva se oponen a que sigan los soldados y marinos en las labores de seguridad, puesto que temen que sea el primer paso para la militarización del país.

La diputada De la Torre Valdez señaló que retiraría su propuesta siempre y cuando los gobernadores no pidan la presencia de los militares en sus respectivos estados, como sucede en la actualidad para tratar de reducir la violencia provocada por el crimen organizado, como sucede actualmente en Zacatecas.

Existe la sospecha de que la propuesta de la propuesta de la legisladora coahuilense forme parte de una negociación concretada por Alito, ya que por "arte de magia" la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, decidió dejar de transmitir las grabaciones de las conversaciones del dirigente nacional del tricolor en los "Martes del Jaguar".

Como se recordará, la gobernadora campechana ha sacado a la luz pública las conversaciones de Moreno Cárdenas en donde despotrica contra todos aquellos que no le siguieron sus juegos sucios, incluso se lanzó contra los periodistas a quienes les dijo que los "mataría de hambre" porque no quiso tener más contratos de difusión de sus actividades como gobernador de Campeche.

La propuesta de la diputada priísta De la Torre Valdez ha sido bien acogida por los gobernadores, puesto que requieren del apoyo táctico de los militares para tratar de contener al crimen organizado en sus respectivas entidades federativas.

En contraste, dirigentes de organizaciones civiles han criticado abiertamente esta propuesta porque temen se multipliquen los excesos cometidos por militares en contra de la población, como recientemente sucedió en Nuevo Laredo.

El pasado 31 de agosto, la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez murió luego de que varios militares dispararon en contra del vehículo en que viajaba la menor en Nuevo Laredo, por lo que supuestamente fue víctima del fuego cruzado entre los soldados y delincuentes, según la versión oficial.

La madre de la menor, Cristina Araceli Pérez Rodríguez, rechazó en forma categórica la versión oficial porque el ataque de los militares fue directo al vehículo en que viajaba su hija, por lo que envió una carta abierta dirigida al presidente López Obrador para que se castigue los excesos de los soldados.

Incluso, la señora Pérez Rodríguez anunció que ayer viajaría a la Ciudad de México para entrevistarse con el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, para que sea tomada en cuenta su denuncia en contra de los militares.

Correo electrónico: jagovea_53@yahoo.com