Crisis en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos
Acusaciones de acoso y corrupción en el Poder Judicial
Ciudad de México.- El Tribunal Superior de Justicia de Morelos (TSJM) cumplió un año sin sesionar, entre otros factores, por las constantes cancelaciones del magistrado presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, para atender el rezago judicial.
Esta situación no sólo ha provocado la división entre los magistrados, sino la acumulación de asuntos que son relevantes para evitar la impunidad en el estado, advirtió el magistrado Francisco Hurtado.
"El último registro de la sesión de pleno que tuvimos fue el 31 de enero de 2024, estamos cumpliendo un año sin atender asuntos jurisdiccionales, que son los relevantes. ¿Por qué es relevante el pleno? Porque precisamente hay asuntos que le competen al pleno, no a una sala o a una ponencia, es competencia del pleno, por ejemplo, los conflictos de competencia, que es cuando un justiciable presentó una demanda y la autoridad le dice que no es competente para resolver ese asunto, la persona demandante se va con otra autoridad y también le dice que no es competente, entonces en ese tipo de asuntos se remiten al pleno que determina a la autoridad competente y hacer justicia", declaró Hurtado a REFORMA.
De 22 Magistrados, remarcó, 15 están en contra de la presidencia de Gamboa, por no cumplir con sus obligaciones legales y cancelar constantemente las sesiones del Pleno.
Ayer lunes, Gamboa Olea no acudió a la sesión programada con el argumento de que fue invitado a la reunión de seguridad en el municipio de Tetela del Volcán.
"Su participación no es trascendente, pues no tiene no tiene función activa en este tipo de reuniones, es decir, él no va a resolver problemas de seguridad, por lo que no era de vital importancia su asistencia a esa reunión; en cambio, por la cancelación del pleno, quedaron pendientes 14 conflictos competenciales", reprochó Hurtado.
"Sus justificaciones son totalmente ilegales, no justifica que prefiere ir a dar paseos a los municipios en el tema de la mesa de seguridad que atender los temas jurisdiccionales, que es una obligación de atender como Magistrado en el pleno".
El magistrado reiteró que Gamboa Olea no es reconocido por todos los integrantes de este Poder y que por lo tanto, no es correcto que se ostente como presidente.
"Lo desconocemos como presidente, lo que podemos decir que es únicamente magistrado", dijo.
Francisco Hurtado acusó que con sus acciones, Gamboa Olea obstaculiza la impartición de justicia, provocando que el Tribunal de Justicia de Morelos se ubique en el primer lugar de impunidad.
"No hace su trabajo, desde el año pasado estamos solicitando la celebración de los plenos y no asiste y cancela de última hora", advirtió.
Cancela de manera tramposa las sesiones en el pleno, abundó, debido a que sabe que ninguno de los magistrados que lo integran lo reconocen como presidente.
Hurtado anunció que en los próximos días darán a conocer las acciones legales a seguir para destituirlo del cargo.
"Esperamos que en los siguientes días se resuelvan esas situaciones, creo que este señor Gamboa queda más que demostrado que no ha dado el rumbo correcto a la institución que es el Poder Judicial del Estado, por lo tanto pues se requiere una oxigenación para efecto de que los ciudadanos morelenses, cuenten con un tribunal digno que se merecen", expresó.
Desde hace un año, 15 de los 22 magistrados que integran el Tribunal han señalado casos de acoso sexual y laboral por parte de Gamboa Olea.
En octubre pasado, en reunión con la Gobernadora Margarita González, los magistrados disidentes a Gamboa Olea advirtieron que los jueces están sometidos al Presidente del Tribunal, lo que deriva en sentencias que favorecen intereses personales y hasta libran de la cárcel a integrantes del crimen organizado.
También advirtieron que Gamboa, cercano al ex Gobernador Cuauhtémoc Blanco, promueve la corrupción, el nepotismo y el sentido de las resoluciones por el control que tiene en al menos 30 jueces.
Gamboa Olea ya cumplió con su periodo administrativo en mayo de 2024, no obstante, el Congreso estatal aprobó que la duración pase de dos a cuatro años.