Van por denuncia penal en el caso cobijagate
Diciembre 09, 2017 -
Monterrey, N. L.
La Auditoría Superior del Estado envió ayer al Congreso local una solicitud de denuncia penal por el caso cobijagate, que podría involucrar tanto a ex funcionarios como servidores públicos en activo, del Gobierno independiente nuevoleonés.
La diputada local del PRI, Gloria Treviño, anticipó que la solicitud será presentada al Pleno del Congreso el próximo miércoles, y se procederá a la denuncia, debido a un presunto desvío de casi 30 millones de pesos.
Treviño agregó que la Auditoría encontró elementos legales suficientes, para determinar que fue simulada la compra de 200 mil cobijas, a precios ‘inflados’.
Reiteró que posiblemente el pago de cobertores se ordenó en la desaparecida Subsecretaría de Administración, mediante una factura apócrifa, que cubrió el pago de cobertores, que supuestamente nunca fueron entregados.
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Afirmó que la empresa proveedora, Comercializadora Mirof, operaba además con un domicilio fiscal irregular.
Fuentes del Congreso mencionaron que podrían estar implicados ex funcionarios y actuales integrantes del Gobierno, en las áreas de Tesorería, Adquisiciones y la Secretaría de Desarrollo Social.
Reconocieron que la denuncia ‘topará’ en la Subprocu-raduría Anticorrupción, a cargo de Ernesto Canales, quien el pasado jueves se negó a investigar de nuevo el caso, que calificó de “concluido”.
Aclararon que presionarán, con diferentes recursos legales, hasta que el expediente sea reabierto y los culpables reciban castigo penal.
Comentaron que la misma Subprocuraduría, en su oportunidad, no “halló” pruebas de delitos penales en el cobijagate, y se limitó a multar a los funcionarios implicados o hacerles apercibimientos administrativos.
A su vez, la Comercializadora Mirof tuvo que “resarcir” al Estado, el 30 por ciento de las cobijas, porque no se comprobó la entrega de estas.
Otro detalle del expediente, indicaron los voceros, es que el Gobierno pretendió ocultarlo ante la opinión pública, pero la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, ordenó su publicación sin reservas.