Permite Corte abrir caso San Fernando
Abril 05, 2019 -
Destaparán expedientes sobre masacre de 72 personas y hallazgo de 49 fosas
Ciudad de México.
El Instituto Nacional de Transparencia podrá revisar la resolución de reserva que emita la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso San Fernando, Tamaulipas, y en caso de que lo califique como hechos de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad podría determinar hacerlo público.
El Pleno de la Corte concedió ayer por unanimidad dos amparos contra la negativa de la Procuraduría General de la República -ahora, Fiscalía General-, para dar acceso a las averiguaciones por la matanza de 72 personas y el hallazgo de 49 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, así como por la matanza de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León.
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En 2013, el INAI confirmó las negativas de la PGR, basadas en los principios de secrecía de las averiguaciones, pero los solicitantes de información promovieron amparos, cuya revisión la Corte tenía pendiente desde el año de 2015.
El efecto de los amparos es que el INAI vuelva a revisar si los hechos investigados califican como violación grave a derechos humanos, y de ser el caso, ordene a la FGR entregar la información.
Los amparos fueron otorgados a Ana Cristina Ruelas, de la asociación Artículo 19, y a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que llevan años indagando el caso San Fernando.
CASO EXTREMO
El proyecto retoma el criterio de la Segunda Sala de que si bien las averiguaciones previas son reservadas la ley prevé como excepción casos extremos.
Entre ellos cuando el delito perseguido es de tal gravedad que el interés público en mantener la averiguación en reserva se ve superado por la necesidad de la sociedad de conocer todas las diligencias que se llevan a cabo para la investigación, juicio o sanción de los responsables.
Así, cuando la FGR reciba una solicitud de acceso a una averiguación previa debe hacer un análisis sobre si lo que se encuentre investigando podrían constituir "prima facie" una violación grave de derechos humanos o un delito de lesa humanidad.
Cuando la FGR niegue el acceso a la información requerida el particular puede recurrir dicha decisión ante el INAI.
La mayoría de ministros afirmó, además, que en este tipo de casos no se puede reservar información ni hacer versiones públicas censuradas de los expedientes, sino que se tienen que abrir en su totalidad.
