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Un remedio casero eficaz

Durante su estancia en esta frontera, el candidato de Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, expuso una fórmula sencilla para acabar, definitivamente, con los males que se han cebado sobre el Anáhuac. Dijo que bastaría con poner fin a la corrupción y al enorme dispendio de recursos que la misma viene a significar. Se han elucubrado todo tipo de ripostas, desde las más triviales, hasta las mas complejas.

Inclusive, en más medios de los que ordinariamente cumplen la función de responder, se asegura que el Banco Mundial jamás ha asegurado que el costo de la corrupción en México equivale a entre el 9 y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, que el BM no se ocupa de esos temas y menos da cifras. El índice porcentual fue publicado el 18 de agosto del 2017 por El Universal, teniendo como fuente de información al Banco.

Un remedio casero eficaz

Pero, además, el propio BM desglosa el concepto, y hace principal hincapié en la distinción entre la corrupción como captura del Estado y la corrupción administrativa.

La corrupción como captura del Estado se refiere a las acciones de individuos, grupos o firmas, tanto en el sector público como en el privado, para influir sobre la formación de leyes, reglamentaciones, decretos y otras políticas gubernamentales para beneficio 

propio. La corrupción administrativa se refiere a la imposición intencional de distorsiones en la implementación de las leyes y reglamentaciones existentes a fin de dar ventaja a protagonistas estables o no estables. ¡A la plutocracia que vive en jauja!

Las palabras de López Obrador ya se habían publicado previamente y dicen: “Consideramos que sin corrupción y con un gobierno austero podremos sacar a México de la crisis económica, del malestar y la pobreza, de la espiral de inseguridad y violencia que actualmente padece. Para ello, no hará falta aumentar impuestos ni incrementar la deuda del Estado; bastará con honestidad en el gobierno y con una reducción del costo de la administración para aumentar la inversión pública y utilizarla como capital semilla para financiar proyectos productivos con la participación de la iniciativa privada y del sector social”. Y hace cuentas precisas.

Además propone reorientar proyectos que no han sido adecuadamente sustentados y que vienen a resultar sospechosos por la forma en que fue concertados, con muy escasa información a la opinión pública y con el aval del Congreso que ha sido omiso en cuanto a la vigilancia del gasto públicos y la canalización de compromisos dudosos. Si, como agregado, se cancelan las pensiones a los expresidentes y demás funcionarios que se despacharon con la cuchara grande a la hora de otorgarse beneficios que de ninguna forma se justifican a la luz del lamentable desempeño que han tenido, se hace un  buen bonche para cumplir los propósitos de recuperación del país postrado.

La fórmula es tan sencilla como los remedios caseros de la abuela, que siempre han resultado eficaces para curar los males propios de los tiempos. Quien avala la propuesta es Lucia Converti, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, quien expresó que: “El ahorro y redistribución de recursos permitirá alcanzar un déficit cero, sin aumentar el nivel de deuda pública ni crear nuevos impuestos (y tampoco aumentar los ya existentes). Es importante señalar en este sentido que sólo la mitad del presupuesto se cubre con los ingresos fiscales, el resto proviene de recursos energéticos y de la renta petrolera”.

Recodando las palabras del Banco Mundial, habría que reconocer que en realidad,  cada vez hay  más pruebas de que el costo económico de la corrupción es enorme; que los niveles de corrupción varían considerablemente de unos países en desarrollo a otros; que la lucha contra la corrupción es viable, y que las estrategias para combatir este mal deben tener presentes sus causas básicas y, por consiguiente, el papel de los incentivos, la prevención y reformas económicas e institucionales especificas.