Pelillos a la mar

La interpretación de los hechos que culminaron con la liberación y repatriación del general de división retirado, Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, están cayendo en un terreno escabroso que puede erosionar las relaciones entre México y los Estados Unidos en momentos en que éste país vive tensiones de zozobra e incertidumbre por el deterioro de su economía, la pandemia que arrecia y las dudas sobre los resultados electorales.

De ahí la necesidad de hacer un recuento de hechos que den luz sobre el tema. El general Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre del presente año en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Cal., cuando arribó a los Estados Unidos con su familia en plan vacacional. El arresto realizado por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), se debió a que el Departamento de Justicia recibió el comunicado de que un gran jurado federal en Nueva York le formuló cargos por narcotráfico y lavado de dinero, tras deliberar el 14 de agosto de 2019; el mismo día la corte federal ordenó su arresto.

Desde la actuación del gran jurado comienzan las irregularidades, dado que examinó las pruebas que le hizo llegar la DEA en secreto, atendiendo acusaciones que resultan muy peregrinas, como la de que se comunicaba por teléfono celular con el U2, un peligroso líder del narcotráfico en Sinaloa y que por ese medio el inculpado les proporcionaba información y llegaba a arreglos relacionados con sus tareas de producción, comercialización, distribución y exportación de estupefacientes, con protección del militar.

El punto clave y determinante, fue que un delincuente confeso de ser traficante de drogas, lo identificó cuando lo vio por televisión y dijo a quienes le escuchaban que “miren, está en la tele el Padrino”, por lo que se siguieron las investigaciones que culminaron con la orden de aprehensión. Durante todo el proceso, se filtraron a los medios de comunicación notas que no estaban avaladas por una fuente que fuera confiable y con la autoridad suficiente para emitir un comunicado oficial; todo fue conjeturas.

Así se tiene que: “En la intercepción de las comunicaciones del cártel del H2, la DEA escuchó que un individuo dijo: El Padrino está en la tele. Al revisar en los canales de televisión, los agentes de la DEA descubrieron que el que aparecía en pantalla y a quien hacían referencia los miembros del cártel era Salvador Cienfuegos. La agencia antidrogas reunió evidencia de que el exsecretario de la Defensa usó su cargo para proteger y encubrir a El H2, combatir al Ejército y a los grupos que rivalizaban con él”.

El 20 de octubre, Alexander MacKinnon, juez de la Corte Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles, negó conceder la libertad bajo fianza al general, por lo que debió llevar su proceso en prisión. El 2 de noviembre fue trasladado de Los Ángeles a Nueva York, para ser puesto a disposición de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn y a cargo del fiscal Richard Donoghue, quien sostuvo las acusaciones de tráfico y distribución de drogas que le fueron imputadas.

En su primera comparecencia ante la Corte, realizada por videoconferencia debido a la pandemia de Covid-19, el jueves 5 del presente, el general escuchó los cargos y respondió a las preguntas del magistrado Steven Gold en el sentido de que sí entendía las imputaciones que se le hacían y de que sí entendía los derechos que la ley le otorga. Además, se declaró no culpable (inocente) de los mismos, insistiendo en que esa respuesta quedara asentada en actas. Además, se llegó al acuerdo de que el juicio iniciaría el 18.

Así mismo, se dio a conocer que el proceso para iniciar este juicio estaría a cargo de la jueza Carol Bagley Amon, quien un día antes de lo programado mostró una posición escéptica con respecto a lo que estaba ocurriendo. Por principio de cuentas, negó la anuencia para que el proceso se llevara a cabo en secrecía, como había actuado el gran jurado que inició el embrollo. También exigió conocer todos los documentos en que se basaban las acusaciones, además de las pruebas que se dijeron concluyentes.

Por si fuera poco, demandó la presencia en el tribunal del fiscal en jefe de la Fiscalía Federal de Brooklyn, Seth DuCharme, para aclarar el caso. No se ha podido recabar evidencia de que la jueza haya detectado que las pruebas eran inconsistentes y se basaban en conjeturas que difícilmente podría aceptar un tribunal colegial; pero, antes de que el caso se desmoronara en la audiencia del día 18, el 17 se llevó a cabo una jugada de salida: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tomó la decisión de solicitar la desestimación de los cargos, cosa que aceptó la jueza y tan-tan.

Con los hechos constatados, las demás interpretaciones son pelillos a la mar.