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Oiga, sí; pero, ¡no!

Las propuestas del nuevo gobierno, de perdón y paz, con toda la carga positiva que encierra, no pueden ser ilimitada; como no lo es ningún poder que sea conferido por mandato popular. Hay campos en los que, inexorablemente, deben ser llamados a cuentas los pillos que han comprometido el presente y el futuro de México. El becario de ingrata memoria es, en estos momentos, alto ejecutivo de una empresa petrolera extranjera… y, por ahí.

En el campo del petróleo, hay mucha tela de dónde cortar, lo mismo por los contratos amañados, que dejaron enormes dividendos (sin investigar), que por la rapiña directa. El impresentable Pedro Joaquín Coldwell, debe ser sentado en el banco de los acusados, junto con sus compinches, Luis Videgaray y Emilio Lozoya, al que aún no ha hecho justicia la Revolución y espera con ansia la espada de Damocles por sus múltiples fechorías.

Oiga, sí; pero, ¡no!

Robar, lo que se dice, robar, fue el deporte de la camarilla del poder hasta ahora; pero, acumular fortunas pantagruélicas, que nada tienen que ver con el sueldo, es otra cosa. Perder un millón de dólares en Las Vegas, ¡puff!, con llamar a fulano y zutano, se remediaba. El negocio, buen negocio, de miles de millones de pesos, estaba en el poder de la firma, como ocurrió con los tres mencionados. Se hicieron de mulas a la mala; pero, demás, dañaron al país y a los paisanos con pleno y absoluto conocimiento de causa.

Los tres, Videgaray, Coldwell y Lozoya (dando a Peña Nieto el beneficio de la dura, por tonto), para cumplir cabalmente con los planes de la privatización del sector energético, inducido y manejado por el exembajador de Estados Unidos en México y ahora esbirro de las compañías petroleras mundiales, Carlos Pascual, actual vicepresidente de Energía Global de la consultora internacional IHS Markit, idearon la forma de liberar a los nuevo dueños de las empresas petroleras de la pesada carga de sus pasivos labores, esto es, el pago de las jubilaciones y retiros anticipados.

Con un decreto presidencial, que fue cuestionado en el Congreso, Pemex tenía presupuestado para ese año un monto de 38 mil 119 millones de pesos destinados  al pago de pensiones, lo que representa 47 por ciento del gasto para el personal en activo; la CFE, 19 mil 874 millones, equivalentes a 44.7 por ciento del total de los pagos también al personal en activo. Las modificaciones que se harían a los contratos prácticamente no cambiarían en el corto plazo estas erogaciones, pues tendrían efecto en plazos medio y largo.

Así, nomás; de buenas a primeras, quien se alimente con un refresco de cola y se trague una concha, deberá contribuir al pago de las pensiones de los petroleros y electricistas, que, de por si, son beneficiarios de privilegios fantásticos, como los de la herencia legal de plazas o las coberturas médicas que se extienden a padres, hijos de hasta 25 años que estudian y hasta a los hermanos si se comprueba que estos no pueden trabajar, y tiene que apoquinar por s:i: “un trabajador fallece como consecuencia de un riesgo de trabajo, Pemex debe pagar a sus deudos una indemnización equivalente a 13.6 años de sueldo

“En caso de un accidente o multas de tránsito, el pago debe ser cubierto por Pemex y si el percance fuera mayor, la empresa debe defender a su trabajador con su equipo legal. Los trabajadores que no tengan sobrepeso u obesidad y que mantengan esta condición, o quienes disminuyan su peso corporal en un 10 por ciento, reciben un bono anual de 5 mil 300 pesos

En la cláusula 99 del CCT se asienta que se proporcionará la atención a los trabajadores enfermos alcohólicos y/o adictos a drogas, con un permiso especial por el lapso que el médico determine, con goce de salario y prestaciones”.

Muy bueno; pero, ¿por qué lo tiene que pagar un trabajadores que gana 88 pesos diarios por decreto, el mandato de Peña y sus compinches?