No me defiendas, compadre

Muy mala sombra están haciendo al precandidato del partido oficial, José Antonio Meade, quien recientemente lanzó un plan para erradicar la corrupción, el cáncer que corroe las entrañas de la patria. La renuencia a cumplir y hacer cumplir la ley en los casos en que se ha demostrado fehacientemente que hubo quebrantos a la hacienda pública y desvíos de recursos con fines ajenos a los originales, no resulta congruente con la propuesta de JAMK.

Esta semana, el precandidato de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, presentó la iniciativa de ley cuyo fin es prevenir y castigar la corrupción con un mecanismo rápido, equitativo y justo. De esta suerte, no habría conducta antisocial que pueda quedar impune, terminando con un ciclo en que la corrupción se tapa con la gruesa cobija de la complicidad que lleva, ineludiblemente, a la absoluta impunidad.

Textualmente manifestó el abanderado por la coalición Todos por México, que: "Mi iniciativa tiene tres elementos centrales: recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niños y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos; y volver obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores". Iniciativa bien acogida.

Si; pero, en la práctica, menudean los casos en que esos corruptos que señala Meade gozan de la protección del sistema, que impide que las instancias de procuración y administración de justicia cumplan cabalmente con su papel en beneficio de la comunidad agraviada, que ya no ve lo duro, sino los tupido. Con los pelos de la burra en la mano, se denuncian las transas de funcionarios de todos los niveles de la administración pública y nada acontece.

Existen casos extremos en que los indiciados demandan a quienes exhiben sus trapacerías, como ocurrió en el mes de julio del 2016, cuando Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila presentó una demanda contra el periodista Sergio Aguayo por daño moral y pidió indemnización por 10 millones de pesos, al considerar que su reputación fue afectada por las opiniones del articulista vertidas en uno de sus escritos. Moreira alegó haberse sentido lesionado en sus sentimientos, efectos, creencias, decoro y reputación porque Aguayo, entre otras cosa, escribió que el ex gobernador desprende un “hedor corruptor”, luego de haber dejado una mega deuda en la entidad que gobernó, por la cual fue procesado y ‘exonerado’.

Ni que decir de inamovilidad de las autoridades ante las denuncias y señalamientos hechos en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien funcionarios de empresa Odebrecht asegurar haber entregado diez millones de dólares para lograr que, luego de tomar posesión del cargo que desempeñó, fuera favorecidos con contratos relacionados a la industria del petróleo, obteniendo ganancias muy superiores a las inversiones lícitas y no.

El año pasado, una investigación de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, logró documentar que entre 2013 y 2014, al menos once dependencias públicas habrían desviado dinero del erario, casi 3,500 millones de pesos, a través de 186 empresas a las que les fueron otorgados contratos irregulares para obras diversas. De estas, 128 firmas resultaron fantasmas; pero, el fraude permanece como un secreto de Estado, sin investigar.

Entre las dependencias que participaron en lo que ya se conoce como la Estafa Maestra, se encuentran la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, la de Agricultura y, desde luego, la ahora empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos. Quizá lo más indignante es que las instancias de gobierno encargaban a diversas casas de estudio, especialmente universidades, la implementación de programas para resolver los problemas del país, pagando enormes cantidades, sin que hubiera resultado concreto alguno. Los fondos pagados a las instituciones educativas se desviaban a asuntos políticos.

Para lavarse las manos, la Secretaría de la Función Pública emitió un comunicado en el que señala que: “En cuanto a las instituciones de educación superior mencionadas en la investigación, corresponde a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar”. No, pos así, sí. Este caso es como poner al lobo a cuidar las gallinas.

Por más buenos propósitos que tenga el precandidato de Todos por México, como que no le ayuda lo que viene ocurriendo. Habría que decir que, como el título de aquella exitosa película de Tin Tan: “No me defiendas, compadre”.