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Gallarda postura

Por la defensa del derecho de los tamaulipecos a la justicia, considerado entre los más importantes, el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, expresó ayer su sorpresa e indignación porque, a pesar de la solicitud de extradición de Eugenio Hernández Flores presentada formalmente por autoridades de EU, “Un juez opina que por ser mexicano no se le debe extraditar’’.

Por la defensa del derecho de los tamaulipecos a la justicia, considerado entre los más importantes, el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, expresó ayer su sorpresa e indignación porque, a pesar de la solicitud de extradición de Eugenio Hernández Flores presentada formalmente por autoridades de EU, “Un juez opina que por ser mexicano no se le debe extraditar’’. Tal parece que la Federación lo protege.

Con serenidad y con firmeza, expresó en la Conferencia Nacional de Gobernadores y en entrevistas posteriores, que: “‘El entonces gobernador cometió diversos actos de corrupción durante su administración, dispuso de fondos del estado, creó empresas fantasmas, transfirió dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos (se apropió de un elevado número de terrenos en Altamira)”; pero, el juez niega la legítima extradición.

Gallarda postura

El gobernador García Cabeza de Vaca pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, a fin de que actúe para proteger el interés de los tamaulipecos que fueron agraviados por un gobierno que saqueó las arcas públicas y trabajó para una cerrada camarilla de incondicionales, afectando las justas aspiraciones de quienes en esta tierra viven y trabajan. También demandó a la Secretaría de Gobernación actuar.

La indignación del mandatario es compartida por los tamaulipecos y por quienes han visto cómo la justicia se está operando de una manera que, cuando menos, puede ser tachada de tendenciosa y parcial, muy en contra del espíritu de la ley, cuyo objetivo fundamental es la justicia. No hay forma de explicar el criterio del juez que asegura que un indiciado en el extranjero no puede ser extraditado por ser nativo de este país.

Al caso hay que señalar que el Tratado de Extradición firmando entre ambos países dice textualmente que: “El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, deseosos de cooperar más estrechamente en la lucha contra la delincuencia y de prestarse mutuamente, con ese fin, una mayor asistencia en materia de extradición, han acordado lo siguiente: Artículo 1.- Obligación de Extraditar. 1.- Las Partes Contratantes se comprometen a entregarse mutuamente, con sujeción a las disposiciones de este Tratado, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una pena de privación de libertad impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la Parte requirente”.

Existe la posibilidad, siempre anteponiendo el beneficio de la duda, que el tal juez se haya fundamentado en el inciso 1, del Artículo 9 del Tratado, que dice que: “1.- Ninguna de las dos Partes Contratantes estará obligada a entregar a sus nacionales pero el Poder Ejecutivo de la Parte requerida tendrá la facultad, si no se lo impiden sus leyes, de entregarlos si, a su entera discreción, lo estima procedente”. Esa entera discreción, que bien puede aplicarse, vendría a resultar una protección del gobierno federal al exgobernador que está acusado de varios delitos, especialmente el de haber recibido enormes sumas de dinero de bandas de la delincuencia organizada y de haber adquirido propiedades en Texas con dinero de procedencia ilícita (tres en McAllen y una en San Antonio, que fueron incautadas).

El juez opinó que no debe ser extraditado; con ello pone de manifiesto un afán proteccionista a favor de quien, según se ha ido probando, es responsable de los delitos que se le imputan, tanto en el México como en el vecino país.

El caso ha tomado relevancia porque podría ser el primer eslabón de una larga cadena de eventos en que el régimen sale en defensa de quienes han afectado el derecho de los mexicanos y, en este caso, de los tamaulipecos, a la justicia, como bien señaló el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.