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¡Más acción!

Por el bien de Tamaulipas, honren su promesa de cumplir y hacer cumplir la ley. Asimismo, que el Congreso del Estado asuma sus compromisos y deslinde responsabilidades en cuanto a las cuentas públicas de los 43 ayuntamientos de la entidad.

Por el bien de Tamaulipas, honren su promesa de cumplir y hacer cumplir la ley. Asimismo, que el Congreso del Estado asuma sus compromisos y deslinde responsabilidades en cuanto a las cuentas públicas de los 43 ayuntamientos de la entidad. 

No existe ninguna justificación para dejar de evaluar la forma en que fueron gastados los fondos públicos municipales, ni para dejar de llamar a cuentas a quienes no han podido acreditar plenamente la aplicación de los recursos. Al hacerlo, el Congreso por una parte y el gobierno del Estado, como titular del Poder Ejecutivo, están incurriendo en faltas de omisión, que pueden llegar a tipificarse como delitos si lo que se pretende es cubrir irregularidades perpetradas en contra del interés ciudadano.

Un caso muy ilustrativo es el del ahora senador Francisco García Vaca, a quien no se le han calificado las cuentas de su ejercicio como alcalde del municipio de Reynosa, en las que, como es del dominio público, hubo múltiples trastupijes.

No se le tocó ni con el pensamiento durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores, porque Vicente Fox, de cuyos entenados, los Bribiesca, fue importante socio, y Felipe Calderón lo protegían; pero, ahora que está en el gobierno un priísta, no hay explicación para que se le sigan solapando. 

Egidio Torre Cantú manifestó que: “La construcción de un Estado fuerte para todos, requiere un manejo ordenado, honesto y firme de los recursos que la sociedad entrega al gobierno, para ser redistribuidos en obras y programas que eleven de manera equitativa la calidad de vida de los tamaulipecos”. 

Que no se quede sólo en el discurso.

Seguro de la impunidad que lo ha protegido durante dos gobierno estatales y dos federales, García Vaca da consejos y habla de honestidad y rendición de cuentas, cuando su administración estuvo plagada de graves irregularidades, entre las que no puede soslayarse el asesinato de su jefe de policía al inicio de su gestión y el encarcelamiento de quien vino a substituirlo, además de otros amigos y parientes; lo que pone de manifiesto su naturaleza proclive a la delincuencia desde su niñez y juventud.

La Constitución de Tamaulipas señala que: “Las cuentas públicas del ejercicio fiscal correspondiente deberán ser presentadas al Congreso, a más tardar, el 30 de abril del año siguiente… El Congreso deberá concluir la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 15 de diciembre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado”. 

Ya han pasado más de diez años y ni la Auditoría Superior ni el Congreso ni el gobierno, han actuado.

Si no hay delito que perseguir, ¡pues ya, que se le exonere! y se cierre ese vergonzoso capítulo; pero, si hay alguna irregularidad, que se le finquen responsabilidades. De otra manera, hay espacio para creer que existe alguna componenda o que hay contubernio entre las instancias oficiales para cubrir a quien pretende ser gobernador del Estado, para llegarle al dinero grande. 

¡Ya basta de calambres, queremos acción!