Información es poder

A principios de la década, el titular del entonces Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, aceptó que una ‘empresa fantasma’ había vendido al consorcio norteamericano ChoicePoint el banco de datos del padrón electoral que contenía en aquel entonces la información personal de 58 millones de mexicanos que fueron registrados a todo lo largo y ancho del país. Entonces, más que ahora, se prometió que se llegaría hasta las última consecuencias y se castigarían a los responsables. Ya se sabe.

Más tarde y hasta reciente, el padrón electoral actualizado con la información de casi cien millones de ciudadanos en edad de votar, se vende en los portales de la plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México y es posible que también ocurra en otras partes del país. Mediante convenios firmados en la época neoliberal, el Instituto Nacional Electoral trabaja con el sistema bancario que opera en el país para conocer los datos biométricos de los usuarios de ambos sistemas, lo que facilita el robo de identidad, tan socorrido que ha venido creciendo a un ritmo cercano al cien por ciento durante las últimas décadas.

Informes de la Conducef señalan que en México, el delito de robo de identidad va en aumento día con día, según datos del Banco de México, el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito. Comúnmente, el delito de robo de identidad se usa de manera ilegal para abrir cuentas de crédito, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras e incluso, en algunos casos, para el cobro de seguros de salud, vida y pensiones. Pero, no puede soslayarse el acoso comercial que sufre la gente.

En ese sentido, la información es poder y quien tenga en sus manos los datos de los ciudadanos saca raja a placer, como ha venido ocurriendo con las instancias que ahora guardan ese tesoro y que lo explotan en cada oportunidad posible. Ello explica la renuencia del INE por entregar el banco de datos biométricos que ha logrado acumular en cumplimiento de una de sus funciones relacionadas con la integración del padrón electoral. Pero, una vez más, se están extralimitando en sus funciones acotadas.

El absurdo argumento de que no pueden entregar los datos porque estos pertenecen a los ciudadanos y no al instituto, es tan pueril como aquel de que son garantes de la limpieza y efectividad de los procesos electorales o que son un organismo autónomo, cuando cada uno de sus integrantes tiene grabado en la frente el sello infamante que le puso su patrón, hasta hace pocos años la inefable maestra Gordillo que quiere revivir sus antiguas glorias moviendo piezas que aún le son afines y están en posiciones clave.

El gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación ha solicitado al INE la entrega de los datos de los ciudadanos registrados para facilitar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 4, octavo párrafo de la Constitución que dice que: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”. La emisión por parte del Estado mexicano de una cédula de identidad viene desde lejos.

No se había podido cumplir por la resistencia de los factores de poder que utilizan la información de los ciudadanos para sus propios fines. Desde la creación de estrategias de ingeniería electoral para garantizar los resultados que fueron pactados, hasta la exageración de que haya directores de escuela con cuatro plazas activas, o el ocultamiento de las grandes transas que se hacen lo mismo desde la administración pública, que en la empresa privada, siempre escondiendo la mano que mece la cuna.

La importancia del conocimiento de los datos poblacionales tiene que ver con los planes de desarrollo y de planeación ahora que se está a las puertas de una nueva época en que se busca que todo sea claro y transparente para avanzar con paso firme en la consecución del estado de derecho y el imperio de la ley. Además, se busca que, ahora sí, todos los que en este país viven y trabajan tengan pleno goce de todos sus derechos y que cumplan cabalmente con todas las obligaciones que les imponen las leyes.

La Cédula de Identidad es un instrumento valioso, como ha quedado demostrado en los países avanzados que la tienen, que no implica una gran carga presupuestaria; ya que, si se toma en cuenta la optimización de recursos que traería consigo, los costos de inversión serán redituables. Por citar sólo el ejemplo más a mano, existen derechohabientes de programas sociales, o bien, servidores públicos en nómina que se encuentran duplicados o que son inexistentes, lo que viene a representan un pago indebido del erario público, situación que se erradicaría con la implementación de la Cédula de Identidad, optimizando así el uso de los recursos. Con este instrumento se ganará mucho para el erario.

El plus de este asunto es que con la cartilla o cédula de identidad, se cumplen parámetros internacionales indispensables en esta época de globalización y de intercambio comercial. No ha mucho que la empresa Comparitech informó que a nivel global, varios países guardan registro de los datos biométricos de sus ciudadanos y de extranjeros al momento de emitir visas. Mencionó a China, Malasia, Estados Unidos, Taiwán, Filipinas, India e Indonesia como los que encabezan la lista de los países que más datos biométricos piden al momento de emitir pasaportes, tarjetas de identificación y cuentas bancarias. México no puede quedar rezagado en esta materia, menos si va a competir en el exterior.

Anda por ahí, que de todo se da en la viña del señor, un líder onguiano de nombre Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, quien asegura orondamente que: “El problema de tener una base centralizada con los datos de 130 millones de personas, es el riesgo que supone que puedan ser vulnerados”. Desde luego, no menciona la venta que hicieron las autoridades electorales a través de lo que llaman empresas fantasmas, que mantienen el padrón a la venta como si fuera programa de espectáculos para lo que se ofrezca, lo mismo en materia electoral que comercial y de manipulación de masas. 

La información es poder y qué mejor que ese poder esté en poder del Poder Públicos.