El que con leche se quema...

La toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue tersa y brillante; su discurso con sentido demócrata y el llamado a la unidad nacional, impecables. Sin embargo, es necesario esperar para echar las campanas al vuelo. México y el mundo entero cifraban grandes esperanzas en el presidente Barack Obama, del cual fue vicepresidente el ahora mandatario de la nación más poderosa de la tierra; pero, muchas de ellas resultaron fallidas. En el tema de la migración, fue conocido como el Deporter-in-Chief de EU.

De hecho, históricamente la gran reforma migratoria ha sido la zanahoria atada al frente del borrico que mueve la noria, sin que haya logrado cuajar, independientemente si el inquilino de la Casa Blanca es demócrata o republicano. En el primer día de su mandato, el presidente Joe Biden envió al Congreso un proyecto de ley de inmigración que abre la vía para legalizar a más de 11 millones de indocumentados e incrementa los recursos para el control de la frontera y la ayuda a América Central para lidiar con las causas de la migración. Eso suena muy bonito y de aprobarse, marcaría un hito histórico incomparable.

Este proyecto de ley que contempla grandes beneficios para los migrantes, como: “Crear un estatus legal temporal para los indocumentados que hayan ingresado al país antes del 1 de enero de 2021 y tengan una permanencia en el país de por lo menos cinco años, tras lo cual se les otorgará la residencia permanente. Tres años más tarde, estos inmigrantes podrán solicitar y obtener la ciudadanía americana” todavía tiene que pasar por las cámaras del Congreso, donde hay posibilidades de un tamizado.

La iniciativa dista mucho de las acciones ejecutivas que tomó el presidente Biden en su primer día de trabajo, entre las que se encuentra la reanudación de la vigencia del Programa DACA que beneficia a los jóvenes de ascendencia extranjera llegados en la infancia a los Estados Unidos sin estatus legal, o el retorno al Acuerdo de París sobre el cambio climático, que había abandonado el gobierno de Trump, o la cancelación de proyectos relacionado con la producción de las energías altamente contaminantes.

Lo muy loable es que propone atender el problema de la migración del sur al norte, atacando sus causas, en una visión humanista del asunto, como la que ha planteado permanentemente el gobierno de México y que difiere de la percepción simplista que tuvo el régimen trumpista. La iniciativa completa está integrada por diez puntos específicos que pueden ser aprobados ahora que el Partido Demócrata tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso, aunque con las modificaciones que se vayan sugiriendo.

Estos son, además de la tarjeta verde para quienes ingresaron a EU antes de enero de este año y de la protección a los beneficiarios de la Acción Diferida: “Colaboración con los Gobiernos de México, Honduras, El Salvador y Guatemala y asignación de recursos para atender las causas económicas y sociales que empujan la migración ilegal en busca de una vida mejor, que incluye la creación de centros de procesamiento en América Central para los trámites de quienes busquen refugio.

El mejoramiento de los tribunales de inmigración y la asignación de fondos para programas de orientación legal y asistencia para los menores y los individuos vulnerables para asegurar la resolución justa de sus solicitudes. Este incluye fondos para los distritos escolares donde reciban educación los niños migrantes que no tienen compañía de adultos. Suspensión de la medida que llevó a la separación entre 2017 y 2018 de unos 5,000 menores de edad de sus padres y madres migrantes, y un esfuerzo para reunir con sus familias a unos 600 niños y niñas que han permanecido bajo custodia del Gobierno.

La cancelación del Protocolo para la Protección de Migrantes por el cual decenas de miles de personas que llegaron a la frontera de EU pidiendo asilo han sido devueltas a México y América Central en espera de resolución. La cancelación de la política por la cual miles de migrantes sin papeles han sido detenidos por largos períodos a la espera de su deportación. Cancelación de la regla de ‘carga pública’ bajo la cual las autoridades de inmigración pueden negar la residencia legal permanente a personas que hayan recurrido a programas de asistencia social como cupones de alimentos o subsidios para vivienda.

Abandonar el proyecto para la construcción de un muro fronterizo y reasignar los recursos para mejorar la operación de los puestos aduaneros, y el uso de tecnología y más personal en el combate del contrabando de personas y de drogas. Un incremento sustancial de los recursos humanitarios en la frontera, con apoyo a organizaciones religiosas y no gubernamentales, grupos de ayuda legal e instituciones de asistencia de la salud para atender a los migrantes mientras se completan los trámites de los pedidos de asilo”.

Muy bonito, habrá que ver, porque el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla.