El beneficio social sobre el interés particular

Desde el balcón principal del Palacio Nacional, el presidente Adolfo López Mateos hizo vibrar de emoción el pecho de los mexicanos congregados en el Zócalo de la Ciudad de México, aquel 27 de septiembre de 1960, luego de haber izado el lábaro patrio en el portabandera de la enorme plaza nacional y de acompañar a los trabajadores de la industria eléctrica en la gran jornada con la que culminó el largo proceso de nacionalización de uno de los sólidos puntales del desarrollo nacional.

Dijo: "Al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos. La nacionalización de la energía eléctrica es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la Revolución... invitamos al pueblo de México a que, en posesión de su energía eléctrica, acreciente su industrialización para llevar a los hogares de todos, los beneficios de la energía eléctrica y los de la industrialización". Desde entonces, el camino ha sido azaroso y difícil.

Hasta ese momento, los fines de las empresas extranjeras rara vez coincidían con el interés nacional de México. El propósito natural de toda empresa privada es la obtención de utilidades y no la satisfacción de las necesidades sociales, por lo que fue natural que la industria eléctrica privada se orientara al mercado 'solvente' y no se ajustara a los propósitos de desarrollo económico y social del país. Sólo cubrió las áreas más rentables, esto es, las ciudades en las que había concentración tanto de industria como de población con segmentos sociales de alta solvencia; lógicamente, no realizaron inversiones de muy largo plazo, o con una ganancia dudosa, como fue el caso de las áreas semi-rurales o rurales o de marginación urbana. Además, para aumentar utilidades sobrecargaban sus instalaciones, demoraban el mantenimiento y la reposición de equipo con riesgo para la continuidad y la seguridad del servicio.

El proceso para la nacionalización de la industria fue largo y requirió de mucha habilidad política y financiera, además de suerte. El gobierno compró en 52 millones de dólares, el 90% de las acciones de The Mexican Light and Power Co., y se comprometió a saldar los pasivos de esa empresa por 78 millones de dólares. El pago por las acciones de la American and Foreign Power Co., fue de 70 millones de dólares; la negociación fue cerrada con el firme compromiso de las empresas de invertir en México el dinero que recibieran para evitar una excesiva exportación de divisas. Fue el primer paso.

Posteriormente, según relato de don Antonio Ortiz Mena: "Sabedores de que en los cinco continentes estaban las acciones de la principal empresa, la Mexicana de Luz y Fuerza, y una vez adquiridas las otras compañías más pequeñas para ir sumando, se puso manos a la obra, con la cautela indispensable para que los tenedores de las acciones no supieran, por el momento, que era el propio gobierno el que las adquiría, con el propósito de que no elevaran el precio de dichos papeles". Por ese entonces, Cuba nacionalizó empresas extranjeras y hubo temor internacional e inquietud entre los poseedores de las acciones de la industria eléctrica, ya que advertían un peligro para sus valores, y abrieron el puño soltando las acciones. "De esta manera se consiguió la mayoría absoluta para mexicanizar la industria y a un precio tan bajo que constituyó un gran negocio para el pueblo mexicano, pues mediante una inversión en la compra de 650 millones de pesos se adquirieron activos por 3 mil 375 millones" 

Antes, el 21 de octubre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para adicionar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional; en el que estaba inscrito desde 1917 el dominio inalienable e imprescriptible de la Nación sobre sus recursos naturales, para quedar como sigue: "Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".

En la exposición de motivos para la adición al párrafo sexto del Art. 27 constitucional, que aparece en la sesión del 25 de octubre de 1960 en el Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, el presidente declaraba que, como lo había expuesto en su segundo informe de gobierno del 1 de septiembre anterior, "México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano. La generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía debía sustentarse en razones de beneficio social y no en motivos de interés particular". 

Cabe señalar que la Comisión Federal de Electricidad ya figuraba como empresa eléctrica del Estado, pues fue creada el 14 de agosto de 1937, con objetivo organizar, dirigir y operar un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin fines de lucro, con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales públicos, privados y sociales.

No obstante, los monopolios extranjeros aprovechando las condiciones de la CFE, le compraban la electricidad a precios bajos para revenderla y dejaron de invertir en nuevas plantas de generación.

Visto de otra manera, de 1949 a 1960, la relación entre el precio de compra a la CFE y el precio al que vendían las empresas eléctricas extranjeras llegó a ser de 4 a 1, lo cual explica sus enormes ganancias y el poco interés por invertir en la generación. Por ejemplo, la Mexlight le compraba a la CFE el KWH a 0.40 centavos canadienses y lo vendía a los consumidores a razón de 1.626 dólares canadienses. 

Cualquier parecido de la circunstancia que llevó a la nacionalización de la industria eléctrica y lo que hicieron los gobiernos y políticos entreguistas que idearon la Reforma Energética, no es una coincidencia, es un remix del pasado.