¿Democratizar la productividad?

Cuando los gobiernos de Estados Unidos y Canadá exigen al de México que eleve los salarios y mejore las condiciones de vida de los trabajadores, los jóvenes y las mujeres, no están haciendo la buena obra del día; se trata de una condición necesaria para destrabar los nudos gordianos que trajo como consecuencia el Tratado de Libre Comercio, que se presuponía como el motor del desarrollo de México y los mexicanos.

En abierta resistencia, empresarios y funcionarios públicos beneficiados con el libre comercio, han señalado que para que haya un incremento en las remuneraciones de los trabajadores sin ocasionar problemas inflacionarios, es imperativo que primero haya un aumento en la productividad de la mano de obra. El mismo cuento viejo de siempre de que: “para que haya reparto de riqueza, primero debe producirse ésta”.

El Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, en el primer párrafo de su marco normativo, señala que: “El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”. Un texto indudablemente hermoso; pero, vacío.

Si se toman en cuenta todos los indicadores de la economía, tendría que aceptarse que el crecimiento, siendo tan bajo, en realidad es nulo, pues se ve superado por el alza de la espiral inflacionaria y la ampliación de la brecha que separa a quienes tienen en abundancia y los que de todo carecen. Las cuentas oficiales indican un crecimiento en términos generales; pero, no ponen de manifiesto que las ganancias son de manera exclusiva para los magnates, en tanto que la gente de a pie ve menguados sus ingresos.

El tema de la competitividad tiene sus bemoles y está demostrado que la fuerza laboral mexicana ha mejorado substancialmente sus niveles de eficacia en el desempeño de las tareas que le competen, especialmente en renglones como el de las industrias automotriz, electrónica y de alimentos; sin embargo, sus ingresos siguen siendo muy bajos. Tan bajos que vienen a resultar inconstitucionales e indecentes.

Quienes se ufanan de la mano de obra barata como el gran atractivo de México para la inversión, y se rasgan las vestiduras al decir que un aumento salarial digno alentaría la espiral inflacionaria, se olvidan de que en el mismo texto del programa publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de agosto del 2013, se define el término “Productividad Total de los Factores (PTF)” como la utilización de todos los factores de producción y la eficiencia conque se operan: insumos, trabajo, capital, espacio y condiciones laborales, para la producción de bienes y servicios. Bajo este concepto, el bajo crecimiento de la economía mexicana podría ser la consecuencia de una continua acumulación de factores que no operan con eficacia e inciden negativamente en el PIB.

Se pone como ejemplo que durante el periodo de 2007 a 2014, el costo unitario de la mano de obra en la industria manufacturera disminuyó 7.6%, dado de que el índice de remuneraciones medias reales creció 1.1%, al mismo tiempo que la productividad laboral se elevó a un 9.5%. Si los argumentos de los funcionarios y magnates fueran ciertos, la inflación estaría controlada y las industrias mejorarían sus niveles de producción. No fue así, porque los esquemas de producción, comercialización y transporte siguen siendo malos, caducos y costosos; lo que hace imposible la competencia en los mercados con otros productores que si se han modernizado.

‘Pa´cabarla’ de amolar, en México se pagan tarifas más altas por la energía eléctrica, los combustibles, las telecomunicaciones, los servicios financieros, etc. Sin tomar en cuenta que la corrupción y la delincuencia generan costos adicionales a las empresas.

Las deficiencias en los sistemas productivos y comerciales de las empresas y la ineficacia de las instancias de gobierno para crear las condiciones adecuada para la producción de bienes y servicios a precios y en condiciones competitivas, se está cargando sólo a los trabajadores, que ya no ven lo duro sino lo tupido.

Con el propósito de evitar el efecto cucaracha, los gobiernos de los países socios del TLC están pugnando abiertamente para que el gobierno de México cumpla con su compromiso de elevar los salarios y mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores.