Del comal a la lumbre

Lo dijo Meade para que no haya duda alguna: “De acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica del 2018, el gasto en pensiones será por 793,700 millones de pesos, un incremento real de 5.2%, respecto del presupuesto aprobado en el 2017”. Lo dijo cuando aún no se había tomado la absurda decisión de ‘recortar’ la nómina de la Comisión Federal de Electricidad, por la vía fácil y suicida de jubilar a 8 mil operarios.

De hecho, las pensiones han venido a convertirse en una de las cargas más pesadas del presupuesto federal, no tanto por la cobertura de los derechos que asisten con cabal justicia a los empleados del gobierno; sino, por las locuras que perpetró el reprobado exsecretario de Hacienda y ahora aprendiz de canciller, Luis Videgaray quien convirtió en deuda publica los pasivos laborales de las, entonces, empresas paraestatales CFE y Pemex, con el apoyo de la pandilla de facinerosos que comandaba en las dos cámaras.

Con base en lo dicho por el actual secretario de Hacienda, para el próximo año, los recursos que se destinarán al pago de pensiones y el costo financiero de la deuda (esto es sólo el pago de intereses y comisiones que se generan por el endeudamiento del gobierno) absorberán el 28% del gasto neto del sector público, con un total de 1 billón 457,179 millones de pesos. Eso sólo puede ocurrir en México, ¡el México del absurdo!

Porque, según el estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el gasto en inversión propuesto para 2018 es de 594 mil 656 mdp, lo que implica una clara mengua en términos reales de 3.4 por ciento. En lo que respecta a los Proyectos de Inversión, se contempla un monto de 329 mil 501 mdp, lo que se traduce en una reducción equivalente a 5.2 % en términos reales. Crecen los gastos, baja la inversión.

Por si alguien quisiera saber, habría que decir que el exdirector de la CFE conocido en los corrillos políticos como el Clavillazo, tuvo a bien elevar la plantilla de trabajadores de la empresa, disque porque: “Para establecer nuevos consejos de administración en cada uno de las subsidiarias y filiales para la generación, transmisión, distribución y suministro eléctrico, como lo mandata la Ley, tendrán que elevar su equipo laboral, el cual asciende a más de 90 mil trabajadores”. ¡La CFE creo, nomás 10 nuevas empresas!

Este Clavillazo es ahora líder del partido político en el gobierno y el caporal de la manada que maniobró para que los pasivos laborales de Pemex y la CFE se hicieran deuda pública, no para beneficiar a México o a los trabajadores, sino para liberar a las empresas que habían de vender de compromisos que afectarían a los nuevos dueños. Ora, los socios en el petróleo y la electricidad pueden contratar obreros de 80 pesos.

Y esos obreros que ganan el salario mínimo deben contribuir, por la buena o por la mala, a pagar las pantagruélicas pensiones de electricistas y petroleros, que, además, son abultadas con prima por antigüedad, apoyos para electricidad, gas, gasolina, canasta básica y aguinaldo. Con el remache de que son ‘post mortem’, esto es que las heredan sus deudos junto con las plazas.

Este año, el gobierno federal gastará 720 mil 128 millones de pesos para cubrir pensiones, cuotas, aportaciones, subsidios y otras erogaciones de seguridad social que otorgan el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, entre otros beneficiarios, de acuerdo con datos oficiales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Pero, para el pago de las pensiones de los extrabajadores de Pemex y CFE, deberá destinar la mayor parte, pues los ingresos de los trabajadores en activo, la temprana edad de jubilación, los pocos años laborados, las jubilaciones con más del 100 por ciento de los salarios y la ausencia de la obligación de cotizar en un fondo de ahorro para el retiro, que nunca se creo, los convierten en el más pesado lastre, tanto que el Fondo Monetario Internacional ya está emitiendo recomendaciones correctivas.

Así que, recortar personal, no beneficia a nadie, excepto los nuevos dueños de las empresas productivas del Estado, desmembradas y convertidas en chatarra.