Adiós a un gran esfuerzo modernizador

Si algo ha quedado claro, es que el actual gobierno ha decidido acabar con la reforma energética aprobada el sexenio pasado. Los hechos así lo demuestran. Primero, el 15 de mayo pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por el que se emite la "Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional" que es a todas luces ilegal y que golpea de fea manera a todos los particulares que —gracias a un marco jurídico que da seguridad a los inversionistas—, decidieron apostar por la reforma energética y por las energías renovables. Ante el cúmulo de suspensiones otorgadas por el Poder Judicial en los juicios de amparo interpuestos por quienes resultaron afectados por dicho acuerdo, el 28 de mayo, la Comisión Reguladora de Energía, hoy subordinada al Ejecutivo, aumentó en forma desproporcionada las tarifas de trasmisión que pagan las empresas privadas, dando así un fuerte golpe a quienes han apostado por las energías renovables.

La reforma energética marcó un parteaguas en la economía de nuestro país. El reto era muy claro: o México modernizaba su marco legal en materia de energía o la realidad nos alcanzaría muy pronto, dado que los cambios en los mercados internacionales del petróleo nos imponían la necesidad de lograr inversiones históricas para detonar el sector. La reforma también le dio un papel muy relevante al cuidado del medio ambiente y fijó las bases para transitar gradualmente hacia el cambio a energías renovables. 

La sustentabilidad es un mandato constitucional. Los compromisos internacionales de México en esta materia son ineludibles (reducir los gases de efecto invernadero, disminuir la huella de carbón, transitar hacia energías limpias, etc.), el no cumplir con ellos sería una irresponsabilidad que pagarían las próximas generaciones. El gobierno actual pareciera que no ve lo que está sucediendo en el mundo desarrollado (hay países que en 20 años van a prohibir el uso de vehículos de gasolina). Si el gobierno no da marcha atrás, sería deseable que el Poder Judicial no permita semejante retroceso.

Más allá de la lamentable imagen que proyectamos ante la comunidad internacional que nos hace ver como un país que no respeta sus contratos, lo que está sucediendo con esta y otras decisiones de políticas relacionadas con temas de energía, confirma lo que ya todos sabemos: el Presidente López Obrador quiere acabar con la reforma energética aprobada el sexenio pasado. Sería un grave error. La reforma, además de que fortaleció a México en el mundo, demostró en los hechos su enorme potencial para atraer inversiones importantes y abrió oportunidades de crecimiento económico y desarrollo. Se está poniendo en riesgo todo lo logrado. No es un tema ideológico; lo que está en juego es el futuro de México y preservar nuestra seguridad energética.

El mundo de la energía está cambiando a escala global. Se vive una verdadera revolución energética. El futuro está sin duda en las energías renovables. Considero un gran error las decisiones de política energética que se han tomado por la actual administración. Se está creando en la comunidad internacional la idea de que nuestro país no cumple ni con sus leyes ni con sus compromisos y esto genera incertidumbre y desconfianza en quienes pueden invertir en México. Somos un país muy vulnerable en materia de energía: importamos el 70% de las gasolinas que consumimos y el 72% del gas natural. Requerimos de un sector moderno y eficiente. Tengo la convicción de que la mejor manera de fortalecer nuestra soberanía nacional es tomando las decisiones correctas. De no dar marcha atrás a esas decisiones, se estará dando un duro golpe a nuestra economía y a nuestro medio ambiente.