A defender el patrimonio

Los empeños de la mafia del poder para evitar que el gobierno de la Cuarta Transformación vea por la gente, gente de carne y hueso, de leche y pan, pone en evidencia sus propósito de echar su cuarto de espadas y dar la batalla, en espera de que el Poder Judicial, como ha ocurrido en otras latitudes, sea el fiel de la balanza que incline el veredicto a su favor. En este mes empezó la feroz embestida de las financieras contra los tenedores de casas, simples condominios horizontales.

Los créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de las instituciones financieras que ofrecen crédito hipotecario, se han convertido en instrumentos tóxicos, peores aún que los créditos basura que provocaron la crisis financiera derivada de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos que terminó en que millones de familias quedaran sin casa y otros muchos más en la absoluta insolvencia por no poder pagar las hipotecas hiperinfladas.

Horita mismo, ninguno de los tejoruchos de 45 metros cuadrados ofrecidos con créditos hipotecarios oficiales o particulares vale ni la cuarta parte de la deuda que, luego de 10, 15 o 20 años de estar pagando, sigue creciendo. Son créditos ancla, esto es ideados para obligar a los trabajadores a mantenerse en un mismo lugar y seguir trabajando por bajísimos salarios, sin posibilidad de buscar opciones más racionales. Pero, se les pasó la mano; acogotaron al obrero.

Existe una figura literaria muy socorrida que dice que cuando alguien abusa 'hace las cuentas del gran capitán'. Los acreedores, oficiales o de la banca privada, han ideado fórmulas mágicas que dan como resultado que mientras más bajos son los salarios, más crece la deuda hipotecaria, de tal suerte que sólo muerto un trabajador pueda saldar su cuenta con el Infonavit o los bancos, los cuales, por cierto, han tenido ganancias superlativas inimaginables en otras partes del mundo.

Precisamente, en España entrará en vigor el próximo domingo la reforma hipotecaria demandada por la Asociación de Usuarios de Banca, cuyo presidente, Manuel Pardos, aseguró que: "Esta nueva ley transpone las directivas europeas de protección del consumidor y exige más transparencia a la banca, que deberían ayudar a rectificar una etapa del mercado hipotecario español que ha traído 500.000 familias desahuciadas". Los españoles ya sacaron la casta.

En México, el fenómeno se ha manifestado de una manera diferente. Cuando comienzan los problemas por la deficiente construcción de las casas financiadas a largo plazo, generalmente de interés social porque las personas de bajos ingresos tienen pocas posibilidades de defensa, y las instituciones financieras empiezan a apretar el lazo, la gente simplemente se va. "Ahí 'ta tu triste casa; te pagaré cuando me encuentres". Cualquiera puede ver las miles de viviendas abandonadas.

Pero, otros, quizá los más, que el mexicano se empeña en ser cumplidor, están pasando las de Caín, porque los empleadores siguen haciendo como que pagan y no permiten al asalariado tener un respiro, mientras los acreedores siguen sumando miles de pesos a las cuentas, que ya resultan prácticamente impagables y ni de chiste corresponden a las miserables viviendas financiadas. En el empeño de mantener la vaca dando leche, utilizan una y mil argucias empezado por la amenaza.

Los mensajes intimidarlos son por carta, con notificadores primero amables y luego feroces, por teléfono, a todas horas del día. Luego pasan a los despachos y demás formas de presión y hostigo con el cuento de que o pagan todo y ya, o pierden la casa y además, tendrán que seguir pagando todos los costes que se hayan generado desde el desafortunado momento de la contratación. Y ni a quién acudir, porque ya se sabe que las instancias de procuración de justicia están saturadas.

No queda más que seguir el ejemplo de los españoles y fajarse los pantalones, como hicieron hace tiempo los acogotados por los créditos bancarios, que crearon El Barzón con buenos resultados. El gobierno habrá de resistir los embates de la mafia del poder; pero, los afectados tienen que defender su patrimonio de los abusos de las instituciones financieras, sean oficiales o privadas. El despertar de las consciencias no puede quedar en el discurso o las buenas intenciones.