El broche de oro

Tres diamantes tiene el broche de oro entreguista que terminan de confeccionar las cúpulas de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Acción Nacional. El accesorio es el adorno final de las reformas estructurales, vestido diseñado por empresarios trasnacionales y cosido por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en compañía de panistas, perredistas y más. 

Una de los tres piedras preciosas está a cargo de la diputada tamaulipeca, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, sí la hermana del Subcomandante Marcos. La legisladora por el distrito 8 de Tamaulipas es presidenta de la Comisión de Gobernación, donde aprobaron el dictamen de la Ley de Publicidad Oficial.

Esta ley realmente debería ser un reglamento para el gasto que hacen los gobiernos en comunicación social, servicios que pagan con dinero de los impuestos que nos cobran día a día, mes a mes, año a año. Desde 2014 se tuvieron que elaborar las normas pero la pasada legislatura federal y la actual en contubernio con el Poder Ejecutivo intentaron evitar a toda costa tocar el tema.

Empero, la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 interpuso un amparo ante Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El 15 de noviembre del año pasado, los magistrados ordenaron al Congreso emitir la ley referida antes del 30 de abril de 2018. “La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”, consideró el máximo tribunal del país.

Pasaron cuatro meses del ordenamiento judicial y los diputados no escucharon a las organizaciones, aglutinadas en el colectivo publicidad oficial, que se interesan por aportar ideas precisas. El martes, Mercedes del Carmen Guillén orquestó el albazo para enviar al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de ley.

La iniciativa, explicaron, las organizaciones incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial, permite la discrecionalidad en el uso de recursos públicos; da el control del gasto en publicidad oficial a la Secretaría de Gobernación, quien elaborará un padrón de medios y manejará la medición de la audiencia para otorgar publicidad.

Artículo 19 México y Fundar denunciaron que la discusión de la iniciativa en la Comisión de Gobernación fue una simulación y acusaron que el dictamen no terminará con el control indirecto de las líneas editoriales, la asignación “en lo oscurito” de millones de pesos a medios sin audiencia y el uso de la publicidad para promocionar a políticos en lugar de acciones de gobierno.

El segundo diamante es la Ley General de Biodiversidad (LGB). Activistas ambientales y defensores de los pueblos indígenas en compañía de académicos alertaron que la normas pre dictaminadas permiten la privatización de los recursos naturales y el despojo de saberes ancestrales y de los territorios.

La iniciativa promovida por los diputados del Verde y del PRI, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados (Comarnat), se presentará en el pleno para votación de los más de 500 diputados. Esto, señaló la organización Semillas de Vida, pese a que no se cumplió con los procesos legislativos.

La Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad exige una consulta pública antes de aprobar la iniciativa. Carlos Ávila Bello, académico de la Universidad Veracruzana (UV) e integrante de la agrupación, destacó la senadora Ninfa Salinas, hija del propietario de Televisión Azteca, abrió el camino para patentar genes de plantas alimenticias y medicinales, cosméticos y del conocimiento indígena. Además, agregaron, facilita la caza de especies protegidas como la tortuga marina y se contrapone a los acuerdos internacionales contra el cambio climático firmados por México.

Las leyes General de Biodiversidad y de Publicidad oficial podrían votarse esta misma semana aprovechando que en parte son eclipsadas por el arranque de las campañas presidenciales. La legislación ambiental es la puntilla para aplicar sin límites la reforma energética, siendo Tamaulipas uno de las entidades más vulnerables por la existencia de hidrocarburos que pretenden explotarse mediante el fracking.

Y la tercera piedra, tal vez la más indignante, fue puesta por la Secretaría de Gobernación (Segob). Alfonso Navarrete Prida cambió el acuerdo que establecía a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas como un órgano independiente y la adhirió a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). 

El secretario de Gobernación firmó la nueva estructura que entró en vigor ayer martes. Los colectivos de familiares expresaron que esta acción duplica funciones legales y limita la participación de la sociedad civil.

“Nos causa mucho temor porque (la Comisión) no tendría autoridad y las familias nos quedaríamos al margen, como si fuera una dependencia similar a la Policía Federal. Hemos batallado con el apoyo policial y si una Comisión Nacional de Búsqueda también está subordinada vamos a tener rezago en las búsquedas, no habrá independencia, y las familias vamos a quedar como un adorno”, dijo Graciela Pérez Rodríguez, quien hace 6 años busca a su hija, tres sobrinos y un hermano desaparecidos en El Mante, Tamaulipas.

Es así como pretende acabar el sexenio peñista, con menos acceso a la justicia, con más entrega de los recursos naturales y culturas y perpetuando las prácticas corruptas que lo han distinguido.

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