Buscan Fiscalías recrudecer castigos contra 'montadeudas'

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Para frenar a los denominados montadeudas, quienes realizan préstamos vía app y luego cobran con violencia, amenazas y cargos muy por encima del monto solicitado, las Fiscalías de la Zona Centro del País acordaron promover una reforma para castigar el delito de "cobranza ilegítima".

 Lo anterior con la finalidad de aumentar las penas con condenas ejemplares, para personas nacionales y extranjeras dedicadas a este ilícito.

 La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, en su calidad de representante de la Zona Centro, indicó que se van a establecer un enlace con la empresa Google México para exponerle el daño económico y psicológico que generan en la ciudadanía mexicana las aplicaciones no reguladas.

 "Establecer enlaces con Google México para reportar mensualmente las nuevas aplicaciones identificadas mediante las denuncias ciudadanas, a fin de lograr la baja de las mismas de la plataforma Google Play y generar una campaña sobre ciberseguridad para continuar alertando a la ciudadanía sobre estas conductas delictivas", dijo en su mensaje Godoy.

 "Generar un acercamiento con las empresas de telefonía móvil del país para regular la venta de chips y líneas telefónicas", añadió ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la Zona Centro, integrada por el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México,

 Este tipo de préstamos de los montadeudas son un esquema de crédito delincuencial con prácticas de cobro agresivo y extorsión que se sigue diseminando por todo el País.

 Tras el Covid-19, este esquema de préstamos migró a las aplicaciones digitales, lo que agudizó el riesgo de que los usuarios sufran amenazas, violencia y hasta extorsiones si llegan a incurrir en un impago.

 Ahora están comprometidas fotos, videos, información personal y contactos, así que el riesgo se extiende a familiares, amigos y hasta compañeros del trabajo

 En la reunión también acordaron fortalecer las capacidades de investigación y persecución de los delitos.

 "Propuse que en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad a celebrarse el próximo 3 de diciembre, implementemos y difundamos el Glosario de Lenguaje de Señas Mexicanas en materia de Procuración de Justicia, a fin de impulsar un modelo de procuración de justicia incluyente", expuso Godoy.

 Otro tema abordado fue el de la desaparición de personas y al respecto, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia presentó a las Fiscalías el proyecto que desarrolló para la implementación de la técnica del Banco Nacional de Datos Forenses.

 En este punto acordaron designar enlaces para comenzar los trabajos para su funcionamiento.

 "En los próximos meses llevaremos a cabo un intenso trabajo para mejorar el marco jurídico para su operación y avanzar en la primera etapa de su implementación. Asimismo, solicitamos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se reconozca como programa prioritario nacional para el año 2023 el fortalecimiento a los servicios médico-forenses", detalló Godoy.

 También fue tratado el tema del nuevo proyecto de resolución de las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Este se refiere a una interpretación sobre el artículo 19 de la Constitución, que a su decir, afecta la función de procuración de justicia.

 "Avalamos que el Grupo de Interlocución con el Poder Judicial de la Federación realice las acciones procedentes en nombre de esta zona para hacer llegar a las y los ministros las consideraciones que apoyen el que la prisión preventiva oficiosa se siga aplicando en los términos constitucionales actuales", abundó la Fiscal.

 Otros asuntos que fueron puestos en la mesa son incluir los "delitos contra la economía" y los "delitos contra el consumo", así como generar un mecanismo de colaboración, a fin de que las policías municipales y estatales proporcionen información a las instituciones de procuración de justicia sobre los casos de violencia de género que conozcan.