Ordenan a México desechar arraigo y prisión preventiva

La Corte Interamericana ha declarado a México responsable de violar los derechos humanos de dos hombres que fueron detenidos de forma ilegal, torturados y encarcelados durante 17 años sin tener una sentencia. El caso de Daniel García y Reyes Alpízar ilustra las irregularidades de la justicia en el país y, además, pone contra las cuerdas a su texto más importante: la Constitución. México ha sido sancionado en 13 ocasiones por el alto tribunal internacional, pero esta es la primera vez que le pide de forma directa que haga cambios en su Carta Magna, a sus artículos sobre el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. El mandato ha abierto un espinoso debate en el país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convertido este tipo de prisión preventiva en un pilar de su estrategia de seguridad, como una manera de atajar las fallas en un sistema de procuración de justicia asediado por la impunidad.

• Ciudad de México

“El Tribunal considera que el Estado deberá dejar sin efecto, en su ordenamiento jurídico, toda la normatividad, incluyendo la constitucional, relacionada con el arraigo”, dicta la sentencia. Y sigue en el siguiente párrafo: “En lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana”.

“Es una sentencia muy valiente”, apunta el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío, “porque se pronuncia sobre un tema muy complejo y delicado que es considerar que la Constitución mexicana, en sus artículos 16 y 19, es contraria al sistema interamericano. Eso hace una diferencia con los otros casos en los que no se había dado un pronunciamiento directo”. En esa misma línea, la abogada Ximena Medellín, resalta que la Corte Interamericana “suele evitar la confrontación con las constituciones de los países, apenas hay un puñado de sentencias en las que claramente se pida una reforma constitucional, y esta es una de ellas”. Para la investigadora del CIDE se trata de un fallo histórico: “Es la sentencia que llevábamos una década esperando”.

Ante ese mandato, ¿qué opciones tiene México? ¿Qué ocurriría si se borrara la prisión preventiva oficiosa? ¿Por qué es tan importante para la estrategia de seguridad de López Obrador?

López Obrador, los jueces y la SCJN

La ruta más clara y rápida para reformar la Constitución viene del presidente o del Congreso. Es decir, tanto López Obrador como cualquier diputado o senador podría impulsar la iniciativa de derogar o modificar los artículos 16 y 19, una medida que después debería votarse en la Cámara de Diputados y en el Senado, y necesitaría el voto de dos terceras partes para aprobarse. Sin embargo, el partido oficialista, Morena, cuenta con mayoría en ambas cámaras, por lo que sería difícil que esta reforma se aprobara. El Gobierno ha sido muy claro con respecto a la prisión preventiva oficiosa: “Si se eliminara se estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país”, dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.